El conflicto entre la Presidenta de la Nación y la Justicia se profundizó en forma preocupante. Horas después de que la Corte Suprema, mediante un comunicado, exhortara a quienes tienen responsabilidad de gobierno a expresarse con mesura y equilibrio y advirtiera que las leyes se aplican a todos por igual, Cristina Fernández de Kirchner respondió señalando que "la palabra mesura tiene mucho sonido a censura; no me parece lo más apropiado".

Días atrás, durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, la Presidenta acusó a los jueces de conceder excarcelaciones a cambio de dinero y criticó su supuesta falta de independencia respecto de los poderes económicos. El texto del comunicado de la Corte no fue apresurado, ya que todos los ministros lo discutieron largamente durante una dilatada reunión que celebraron en el tribunal. Tampoco es la primera vez que la Corte emitía un comunicado. Lo hizo hace tres años, en oportunidad de otra crítica del matrimonio Kirchner contra los jueces de Casación. Pero sí es inusual que lo haga.

Los agravios presidenciales parecen haber unificado a todos en contra de las desmesuras verbales que se emiten desde el Poder Ejecutivo. El pedido de mesura no debe ser asumido como un ataque. Se trata más bien de una cualidad que debe jerarquizar a quienes cumplen una misión de gobierno. La prudencia es una virtud cardinal que se refiere al equilibrio en el pensar y la medida en el obrar para evitar extremismos que perjudiquen el bien común. El malhumor contra los Kirchner y el miedo se apoderan de la Justicia en la actualidad. Se siguen lanzando ataques solapados e igualmente peligrosos contra un Poder indispensable en una República democrática.

La jueza federal María José Sarmiento, que en enero suspendió el primer decreto para apoderarse de las reservas, está sufriendo la segunda denuncia penal en su contra: la Procuración del Tesoro la acusó de haber tramado un imaginario fraude procesal, pero como el juez federal Julián Ercolini, en una sentencia que rescata su actuación, la sobreseyó, ahora la Secretaría Legal y Técnica de la presidencia presentó una nueva denuncia penal.

Por otra parte, el diputado Alejandro Rossi (FPV), cuando dijo en una reunión de comisión en la Cámara de Diputados que, en lugar de modificarse el Consejo de la Magistratura, debería investigarse a los jueces, a sus cónyuges y a qué colegios y clubes asisten sus hijos, expresa una visión clasista de la sociedad tan anacrónica y repudiable como el marxismo o el nacionalsocialismo, que bajo ningún punto de vista resulta admisible en un sistema democrático y de auténtica libertad.