A juzgar por las declaraciones del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, el senador José Serra y otros políticos que entrevisté, es probable que Rousseff no sea sometida a juicio político, por ahora, en el escándalo de los sobornos pagados a funcionarios del gobierno y legisladores del gobernante Partido de los Trabajadores, por la petrolera estatal. Sin embargo, Rousseff podría quedar políticamente paralizada hasta terminar su mandato, en enero de 2019.
La investigación sobre los sobornos de Petrobras, cuando ella presidía el Consejo de Administración de la empresa, durará por lo menos uno o dos años más. O sea que cuando termine, asumiendo que la presidenta salga indemne, ya estará finalizando su mandato. Para empeorar las cosas, la economía de Brasil tendrá su peor desempeño en 25 años en 2015, según una encuesta del Banco Central entre casi un centenar de economistas, que proyectan una caída del 0,6% este año. Pocos esperan una pronta recuperación, salvo una movida poco probable de Rousseff para sellar un acuerdo con la oposición.
Una encuesta de Datafolha mostró que solo el 13% de los brasileños cree que Rousseff está haciendo una buena labor, la peor calificación de cualquier presidente de Brasil en más de dos décadas. "Sin duda, las protestas del pasado fin de semana van a tener un gran impacto", me dijo el senador opositor José Serra. "Nunca hubo nada semejante. No había partidos políticos ni sindicatos por detrás, y la gente fue a las calles". De hecho, el 74% de los que protestaron en Sao Paulo participó por primera vez. Cuando le pregunté a Cardoso qué hay de nuevo en estas protestas, respecto a las de 2013 y 2014, dijo que la combinación del aumento de la indignación pública, la caída de la popularidad de Rousseff, una economía en baja, y las constantes revelaciones de corrupción en Petrobras, que tendrán un impacto político.
Sobre si cree que Rousseff será sometida a juicio político, Cardoso me dijo que los líderes del Congreso, con razón, tienden a ver un juicio político como una medida de último recurso, ya que no quieren dividir aún más al país y poner en riesgo la democracia. Pero si los fiscales establecen una relación directa entre los sobornos de Petrobras y Rousseff, un juicio político es posible.
Pero si Rousseff quiere que Brasil se levante, tendrá que dejar de gobernar aisladamente. Los tiempos han cambiado: se acabó la fiesta de los altos precios de las materias primas, su Partido de los Trabajadores está en franca caída, y Brasil necesita urgentemente un gobierno con un apoyo más amplio para embarcarse en reformas económicas difíciles que puedan atraer inversiones. Si Rousseff no tiende puentes con la oposición para salir de la crisis, el pronóstico será una parálisis indefinida, o algo peor.
