La sentencia a pena de muerte por delitos extremos ha disminuido en el mundo, aunque el número de condenados sigue siendo alto y se agrava en países que ignoran el respeto a las normas y estándares internacionales, a los principios del derecho y las garantías para un justo proceso por condicionamientos ideológicos o religiosos.
Días atrás el papa Francisco recibió a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, que le agradeció su compromiso con un mundo libre de la pena capital y por contribuir al establecimiento de una moratoria universal de las ejecuciones, con miras a la abolición. Bergoglio aseguró en un Estado de derecho la pena de muerte es un fracaso, porque obliga a matar en nombre de la justicia y porque nunca se alcanzará la justicia dando muerte a un ser humano. Además, dijo que pierde toda legitimidad en razón de la defectiva selectividad del sistema penal y ante la posibilidad del error judicial.
Más grave, porque la pena capital es un recurso frecuente en algunos regímenes totalitarios y grupos de fanáticos, para el exterminio de disidentes políticos, de minorías, y de todo sujeto tildado como "peligroso” o que puede ser percibido como una amenaza para su poder o para la consecución de sus fines políticos. También el Papa reiteró que la cadena perpetua no es otra cosa que una pena de muerte encubierta.
Es que la pena capital no impide la comisión de los delitos, no garantiza mayor seguridad, no realiza justicia ni compensa a la sociedad en su conjunto, ni a las familias de las víctimas de un crimen. Y, por su carácter irreversible, no permite revisión de las sentencias, llegando en algunos casos a la ejecución de personas inocentes.