La subsidiaridad, sostenida como una política de Estado, no conoce éxitos en la historia de ningún país que la haya aplicado en un modelo económico y sirven como referencia las experiencias de las naciones cerradas que debieron abrirse al mercado para crecer y ser competitivas. Es que mantener subsidios como aportantes del ingreso, o con la idea de que es una forma de asistir al que menos tiene -caso de los servicios públicos masivos-, implica un costo enorme y creciente tanto porque el horizonte clientelar se amplía permanentemente como por la inflación y por el dificultoso control de aplicación.
El caso de la Argentina, con un arrastre de subsidios que empezaron como paliativos para atender los desequilibrios originados en la crisis de 2001 y luego mantenidos como herramienta para control el costo de vida, ha derivado en una especie de bola de nieve presupuestaria, imposible de eliminar de un plumazo por las caóticas consecuencias que tendría. Pero se trata de una situación anómala de las cuentas públicas, con directo impacto en el superávit fiscal primario, que promedió 3,3% del PBI entre 2006 y 2008. Después quedó en 1,7% en el período 2009-2010, por efecto directo del reajuste en los subsidios de energía y transporte, los más significativos, porque la escala es tan amplia que cubre desde el déficit diario de Aerolíneas y los trenes metropolitanos, hasta el fútbol para todos.
En este año electoral es impensable que se toquen los subsidios, tanto por el costo político como por la escalada inflacionaria que provocaría. Pero cualquier gobierno que asuma, incluyendo la continuidad del actual, deberá buscar una salida a esta subsidiaridad crónica, que podrá desarrollarse progresivamente en el a mediano plazo. Cualquier intento de eliminar los subsidios sumaría aumento en la inflación ya que se los precios de los servicios congelados podrían cuadruplicase, con una reacción irrefrenable de los usuarios.
La lógica de los economistas indica que la subsidiaridad debe eliminarse paulatinamente, un esfuerzo que no alcanzaría en otros cuatro años de gobierno, y debe ser selectiva para que el peso del blanqueo tarifario no impacte en los pobres. Se ha llegado a un extremo de difícil control fiscal y los recursos ya no alcanzan ante la voracidad del asistencialismo, pero para que esto cambie debe también desterrarse la mentalidad prebendaria y dar un giro con sentido federal. Es inadmisible que los servicios y tarifas públicas de la Capital Federal y del conurbano sean sostenidos con el aporte de todos los argentinos.