A menudo, la prensa se enfrenta al dilema de acatar leyes o cumplir con la ética periodística y debe decidir cómo actuar ante valores igualmente reconocidos, como entre el derecho a la honra de las personas y el derecho del público a saber; o, por otra parte, qué hacer ante leyes injustas y arbitrarias. Por eso, se ven casos de periodistas en EEUU que prefieren la cárcel a tener que obedecer a un juez que les pide revelar sus fuentes de información.

En Cuba muchos eligen seguir opinando a pesar de que el gobierno utiliza la figura de "propaganda enemiga" de la Ley "mordaza" 88 para tirarlos en prisión; mientras en Venezuela los periodistas se exponen a ser detenidos si critican al Presidente, lo que es castigado por un Código Penal anacrónico que privilegia a las autoridades por sobre los ciudadanos.

Este dilema lo acaba de vivir el diario salvadoreño La Prensa Gráfica, teniendo sus directivos que determinar si debían callar un homicidio para proteger la identidad de un menor cuyo crimen captó uno de sus fotógrafos en plena vía pública; o si tenían que informar el hecho por tratarse de interés público, justo cuando el Congreso y el presidente Mauricio Funes debatían sobre la conveniencia de reformas legales que permitirían mayores castigos a los menores delincuentes.

El periódico tomó la decisión de publicar la noticia, mostrando la foto del forcejeo entre dos jóvenes e identificando al agresor de 17 años, en el momento que mata a su víctima con cuatro puñaladas. Muchos piensan que el diario cometió delito al no acatar la ley que estipula la protección de la intimidad de los menores, tal como lo juzgó la jueza que impuso al diario una multa por violar la Ley Penal Juvenil y tratados internacionales sobre el tema.

Si bien la magistrada tiene que cumplir con administrar leyes, como se excusó ante sectores que le reclamaron su decisión, lo criticable es que tomó la legislación al pie de la letra sin las interpretaciones debidas. No consideró que el derecho a la reputación de un menor no pueda medirse sin diferenciar si es víctima de violencia (abuso sexual, por ejemplo) o si comete un delito simple -como hurtar en una tienda- o si, en cambio, es responsable de un homicidio. En países donde los sistemas judiciales tienen mayor potestad para crear jurisprudencia, como en EEUU, la prensa no tiene que lidiar con estas disyuntivas, porque los menores que comenten delitos graves suelen ser procesados como adultos.

Lo ocurrido en El Salvador, prueba que desafiar las leyes, si bien es una tarea tediosa, muchas veces es una responsabilidad y obligación del periodismo. El criterio editorial de publicar sirvió para que se profundice el debate público sobre la inseguridad ciudadana y la delincuencia juvenil, temas de gran relevancia en El Salvador, donde se registra un promedio de 12 homicidios diarios.

Lo más importante, es que La Prensa Gráfica ha nutrido el debate poniéndole un rostro, el de Carlos Garay, el estudiante asesinado, privilegiando la memoria de la víctima por sobre el derecho del agresor. Los resultados están por verse, pero ya hay consensos legislativos que buscan disuadir a los jóvenes con mayores penas y excepciones a la intimidad cuando se trata de delitos graves como homicidios, extorsión o agresiones sexuales; así como reformar procedimientos de educación y reinserción social.

"El DIARIO salvadoreño tuvo la opción de no publicar, guardar las fotos, cumplir con la ley y evitar represalias. Sin embargo, escogió lo contrario y asumir riesgos convencido de que así servía mejor al bien común."