Todo programa de gobierno requiere de una serie de acciones, instrumentos o medios organizados para obtener los fines o metas señalados. Es aquí donde entra en juego la elección del "fin" y los "medios" para hacer posible un programa determinado, este tema es fundamental de la acción política.

Afirma Santo Tomás de Aquino: "La prudencia es la virtud más necesaria para la vida humana. Efectivamente, vivir bien consiste en obrar bien pero, para que uno obre bien no sólo se requiere la obra que se hace, sino también el modo de hacerla; esto es, que obre conforme a recta elección, y no por impulso o pasión".

La aplicación de la prudencia política es esencial. La prudencia es una virtud que consiste en la capacidad de poner medios aplicando los principios en casos específicos, en situaciones históricas complejas y cambiantes. Ignorar esta aplicación prudencial puede conducir al desconcierto y a la confusión en los participantes de la acción política, en situaciones de incertidumbre.

El peligro de los ideales no consiste en tenerlos, sino en cómo se tienen. No consiste en creer o en no creer, sino en cómo se cree. Dogmáticos y fanáticos consideran una agresión insoportable cualquier argumento que les fuerce a revisar o a poner en cuestión sus ideales. En cambio las políticas mesuradas y prudentes viven de convicciones cuyo núcleo principal es la apertura a la crítica y a la autoreflexividad permanentes. Estas políticas se precian de mantenerse abiertas a argumentaciones, experiencias, sentimientos o acontecimientos, que eventualmente podrían llevarlas a replantearse sus creencias e ideales. Y, del mismo modo, que la duda en la ciencia no es paralizante, sino que constituye un acicate para el avance de la investigación, estas políticas creen que la apertura y la autocrítica constituyen su razón de ser y su mayor poder.

Si bien dirigentes y funcionarios juzgan y toman cursos de acción en ámbitos políticos contingentes e inseguros, lo que lleva a que las mismas produzcan efectos y oleadas de reacciones que no se pueden prever y anticipar o controlar por completo; ésto no los exime a actuar con prudencia. Es el condimento que viene faltando en las decisiones presidenciales. Ensayando una definición de la prudencia podemos decir que es la virtud moral que perfecciona nuestra razón práctica para elegir en toda circunstancia los mejores medios para alcanzar nuestros fines, subordinándolos al fin último. Y parece que muchas veces se priorizan intereses personales o sectoriales frente al bien común. El fin del quienes dirigen la marcha de la sociedad es el bien común, y la prudencia, referida al bien común, es prudencia política. Ésta le exige a los gobernantes, legisladores y jueces unir, al conocimiento de los principios éticos que permiten discernir el bien del mal, el conocimiento práctico de las cosas y circunstancias concretas alrededor de las cuales organizamos nuestra vida real. La falta de criterio práctico en la vida o la de la debida templanza, pueden impedir, a veces, a los hombres sabios, ver la realidad y alejándose de las situaciones verdaderas, carecer de prudencia. Peor aún si media en nuestras conductas la violación de las normas que las regulan.

"El justo medio", decía Aristóteles, "es lo que busca el hombre virtuoso y esta investigación será más eficaz con el auxilio de la prudencia, la virtud moral máxima". Al respecto Santo Tomás decía: "El que es sabio que nos enseñe, el que es santo que ore por nosotros y el que es prudente, es el que debe regirnos".

Muy por el contrario esta imprudencia política ya está haciendo pagar un alto costo al gobierno y, por añadidura, también al país. Tal señala Rosendo Fraga: "En lo institucional, la destitución por decreto del presidente del Banco Central, no sólo es una violación de las reglas de juego establecidas por ley, sino que también ha profundizado el enfrentamiento con los otros poderes. En lo político, el oficialismo ha encontrado un límite. Martín Redrado ha mostrado que hoy es posible desafiar al poder y evitar doblegarse ante él".

A la luz de estos pensamientos, creo que nuestros legisladores, nuestros jueces y nuestros gobernantes están obligados a ponderar los factores en juego entre el irrefrenable deseo de intervenir o dejarse ir por arrebatos y la necesaria búsqueda del prestigio que otorga confiabilidad y estabilidad a nuestras instituciones y con ella, la seguridad jurídica. Todo lo cual sólo puede derivarse de la conveniente aplicación de la prudencia política en el ejercicio de los actos de gobierno. Virtud que es imprescindible para legitimar los acciones de poder.