La recaudación tributaria coparticipable y no coparticipable crecieron de manera significativa en los últimos años. Esto hizo que el financiamiento tanto nacional como provincial lo hiciera de igual manera. La discusión por una nueva coparticipación prácticamente no existió.
A partir de la significativa desaceleración que han tenido en los últimos meses los recursos que la Nación transfiere a las provincias, y las consecuentes dificultades financieras a las que éstas se ven enfrentadas, han reavivado abruptamente el debate. El problema no se soluciona solamente con que suba sustancialmente la coparticipación, sino cuánto sube en una jurisdicción respecto de las otras. Un sistema de coparticipación justo es necesario en un país organizado de manera federal, y requiere un mecanismo que distribuya los recursos públicos entre los distintos órdenes de gobierno, de manera que asegure el financiamiento necesario para la provisión de bienes y servicios públicos a cargo de cada nivel.
Debiera existir una política fiscal coordinada que garantice la equidad en la distribución de los recursos entre las distintas jurisdicciones de un país, mediante algún esquema de transferencias de ingresos desde jurisdicciones más favorecidas hacia jurisdicciones pobres. La coparticipación en Argentina se encuentra con un régimen provisorio que corresponde a la ley 23.548 de 1988 y que, de acuerdo con la Constitución de 1994, debería haber sido modificado antes de 1996. Han pasado más de doce años desde la fecha en la cual se debería haber aprobado una nueva ley.
Los datos de 2008 reflejan que se habría transferido a las provincias un 32% de los recursos tributarios de la Administración Central. Se trata de un porcentaje que viene decreciendo en el tiempo. De acuerdo al artículo 7 de la ley 23.548, dicho porcentaje no debería resultar inferior al 34 por ciento. Siguen pendientes la discusión sobre el reparto entre Nación y provincias, por una parte, y entre provincias por otra. Se han desaprovechado los años de auge para encontrar un mecanismo políticamente viable de coparticipación. Ahora la solución se torna compleja con una economía enfriada, una fuerte desaceleración de la recaudación y en un año electoral.
El año del bicentenario todavía abre la oportunidad de instalar un nuevo sistema federal que garantice estabilidad, equidad y una asignación de recursos lo más eficiente posible.