Los gobiernos latinoamericanos han hecho avances significativos para reducir la pobreza, de tal manera que las políticas de inclusión social son un ejemplo en el mundo y aun cuando la región no áreas de marginalidad crónica, como ocurre en otros continentes, todavía falta mucho por hacer. Es que no obstante el éxito obtenido en la última década en la lucha contra la pobreza, todavía existen 200 millones de personas, un 37% de la población, calificada de vulnerable, es decir, con el riesgo de caer en la pobreza.
Es que la reducción de la pobreza es un problema multidimensional y por ello para determinar su nivel no sólo es importante medir los niveles de ingreso sino considerar el estado de salud, el acceso a la educación, empleo, participación social, seguridad y el situación sanitaria.
El balance de la vulnerabilidad dio lugar en México al VII Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y El Caribe, con la participación de representantes de 32 países de la región, convocadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los delegados buscaron intercambiar las experiencias de sus gobiernos con los respectivos programas para combatir a la pobreza y lograr una mayor inclusión social.
Los logros alcanzados durante los años 2002-2012, período en el que el organismo internacional tuvo activa participación en el seguimiento de las diferentes estrategias gubernamentales, se observan en el achicamiento de la brecha de personas con ingresos menores a cuatro dólares diarios del 42% al 25% en el plazo citado, mientras que las clases medias crecieron del 21 al 34% en igual período.
El foro, como un espacio para intercambiar experiencias exitosas, fue estructurado para alcanzar una fórmula ideal para ser incorporada a la agenda de desarrollo post-2015 de las Naciones Unidas, según el tema central del encuentro desarrollado en la capital mexicana, sustentado en el progreso multidimensional y el desarrollo social inclusivo. Es decir se buscó compatibilizar los diferentes enfoques para superar la desigualdad social mediante instrumentos de inclusión, equidad fiscal e instituciones eficaces. Por ejemplo, se instó a los países del bloque a adoptar políticas fiscales progresivas en favor de las personas de menores ingresos y reducir el impacto de los llamados "impuestos indirectos” en los pobres, como son las gravámenes al consumo. En nuestro caso el IVA que no es diferenciado como en otros países, es una carga distorsiva.