En el reciente acto multitudinario de la CGT, su líder Hugo Moyano, insistió en su reclamos al Gobierno y respondió sin nombrarla a la presidenta de la Nación por sus expresiones sobre los gremios ante la Asamblea Legislativa. Históricamente, cuando el peronismo se encuentra en el poder y no tiene oposición relevante, el conflicto se traslada al seno mismo de esta ideología.

En la actualidad, con una oposición desarticulada y la mayoría del empresariado alineada con el oficialismo, la oposición política parece tener su origen en el propio justicialismo y como eje al sindicalismo. En este último tiempo, no pueden ocultarse las heridas que dejó la disputa por los espacios de poder, oportunamente saldada por la presidenta de la Nación a favor de la militancia de La Cámpora y contra el gremialismo. Si hasta hace poco la continuidad inmediata de Moyano al frente de la CGT parecía en discusión, se habría acelerado esa posibilidad y comienzan a aparecer los candidatos a reemplazarlo.

Las presiones oficiales, en este último tiempo, para morigerar la negociación de aumentos salariales y las versiones sobre la intención de tener un control o una participación más activa en el manejo de los fondos de la cajas de las obras sociales, sumada a la deuda que el Estado mantiene con ellas, le brindaron a ambas partes desinteligencias extremas. A su vez, la relación entre Cristina Fernández y el líder camionero, evidencia las diferencias de trato en la época de Néstor Kirchner y la actual. Para el ex presidente, el titular de la CGT, además de ser su aliado sindical era su socio político. Por eso lo llevó a ser titular del peronismo bonaerense y a la vicepresidencia segunda de esta fuerza a nivel nacional. A estas funciones acaba de renunciar Moyano. Para la Presidenta, pesa la velada culpa que le adjudican al líder camionero de de haber provocado una irritación que habría influido en el desenlace de la vida de Néstor Kischner.

Además, las desmedidas ambiciones políticas del camionero y sus permanentes presiones sobre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, habrían llegado a límites inaceptables. Al negarse el PE a convalidar el aumento acordado por el gremio rural con la Comisión de Enlace y bajarlo de 35,7% al 25%, mostró la decisión oficial de poner tope a los incrementos salariales, e incorporar las obras sociales a la reglamentación de la ley de medicina prepaga, se evidencia la decisión de avanzar al centro neurálgico del poder económico de los gremios. Es de esperar que ambas partes reinicien el diálogo para bajar una conflictividad que en definitiva la soporta el pueblo, rehén de los paros extorsivos.