El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas dejó de tener la efectividad de sus comienzos. Entre los motivos está el desinterés de quienes tienen armas y no participaron de las primeras etapas del programa, y en la asignación de recursos por parte del Registro Nacional de Armas (Renar), ejecutor de la campaña.

No obstante la publicidad que menciona miles de pistolas y revólveres recuperados de las calles, las cifras que no se muestran establece que en los últimos tres años, en conjunto, fueron entregadas la mitad de las armas que en 2009. Ese año se recogieron 51.672 armas a cambio de un incentivo económico de entre 300 y 600 pesos. Desde entonces, no se pasó la barrera de las 25.000 en total.

Ninguna de las áreas que intervienen brinda datos ni siquiera sobre la cantidad de armas registradas en la Argentina. El último parte indicó en 2010 la existencia de 784.314 legítimos usuarios y 1.070.830 armas. Ese año fue desproporcionada la relación de armas destruidas, ya que de 20.168 sólo 3.227 correspondieron al plan de desarme. Y el almacenamiento de armas en el Renar no es lo más seguro, tal como quedó demostrado con el robo de 147 pistolas en diciembre último.

Con obstáculos colocados, incluso a los organismos de control, las informaciones sobre la cantidad de armas en el país quedan bajo un cerrojo. En forma indirecta, aunque con datos oficiales, puede conocerse la real dimensión del problema: hay al menos un arma en 1.800.000 hogares. Como mínimo, 800.000 armas más de las registradas en el Renar. Esa cifra surge de la encuesta nacional de factores de riesgos del Ministerio de Salud de la Nación de 2009. El 7,9% de los 35.000 mayores de 18 años consultados dijo que en su casa hay un arma.

En los últimos cuatro años el promedio de aprobación de licencia legítima fue de 50.000 usuarios casos cada 12 meses. Una persona mayor de edad que quiera acceder por primera vez a un arma, cualquiera sea la razón para adquirirla, deberá conseguir en el Renar la aprobación justificando sus ingresos, una evaluación física y psicológica, y sin antecedentes penales.

La seguridad en una sociedad no se garantiza por la cantidad de armas en manos de la ciudadanía, sino por la vigencia del derecho, el respeto de la ley y de la dignidad de la persona humana.