Un grupo calificado de organizaciones ambientalistas y ONGs que sigue de cerca las tareas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, cuya contaminación afecta a más de cinco millones de habitantes de la Capital Federal y conurbano bonaerense, ha revelado un retroceso en el cumplimiento de aquel fallo histórico.
Si bien estas entidades reconocen que hubo algunos avances desde el citado pronunciamiento del Alto tribunal, el 8 de julio de 2008, el problema se origina porque cada vez hay más asentamiento que generan desperdicios, por lo tanto el crecimiento de la contaminación es mayor a los esfuerzos que se hacen para controlarla. Es así que el marzo de 2009 se constató la existencia de 141 basurales clandestinos, cifra que aumentó a 217 a igual mes de este año según datos de la Defensoría del Pueblo de la Nación y de la propia Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), entidad a cargo de ejecutar la recuperación ordenada en la sentencia. El organismo, ahora autárquico, fue conformado por la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y la Nación.
En este monitoreo surge la duda de si el mapa de la contaminación de la cuenca sigue creciendo rápidamente -más del 54%- o los parámetros utilizados en las primeras mediciones no fueron objetivos. Lo cierto es que el monitoreo actual acerca los números a la realidad, sumando los basurales, que promedian las dos hectáreas cada uno, a las aguas putrefactas el Riachuelo, donde se ha inspeccionado sólo el 29% de las industrias que arrojan sus deshechos al cauce. Los efluentes contienen arsénico, mercurio, cromo y plomo, entre otras sustancias letales, y no se han establecido metas para reducir el vertido, como tampoco para controlar las aguas servidas de las viviendas precarias de la cuenca.
Acumar hace un año que no informa sobre la calidad del agua ni de las inspecciones a 9.209 fábricas contabilizadas, de las cuales 118 fueron declaradas contaminantes. Ninguna fue reconvertida y sólo tres fueron clausuradas. Con esta cloaca gigantesca en la vecindad, ningún político porteño tiene autoridad moral para hablar potencialmente de minería contaminante y vaticinar catástrofes apocalípticas si no se cuidan los reservorios de agua pura.
Lamentablemente, la Justicia debió intervenir en el Riachuelo, porque los gobiernos y menos los representantes del pueblo, se interesaron por la verdadera y palpable contaminación que afecta a millones de argentinos.