Una transfusión de sangre, que en la rutina hospitalaria es de práctica corriente de la medicina, se ha transformado en una insólita batalla judicial donde está de por medio la vida de Pablo Albarracini, de 38 años, en estado desesperante por haber recibido seis disparos, uno de ellos en la cabeza, durante un robo en Buenos Aires. La víctima, Testigo de Jehová, había dejado oportunamente directivas escritas y legalizadas ante escribano público para que en cualquier emergencia que pudiera tener, no se le hicieran transfusiones de sangre completas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas o plasma bajo ningún concepto, aunque el personal médico las crea necesarias para salvarle la vida, en virtud de los mandamientos de su culto. Pero el padre de la víctima inició acciones legales para que en la clínica sea transfundido a fin de salvarle la vida y así lo consideró un juez de primera instancia, lo que originó una presentación de los Testigos de Jehová ante la Cámara Nacional de Apelaciones que determinó que la víctima había firmado "directivas anticipadas”, previstas en los derechos del paciente según la Ley 26529. Claro que Pablo firmó el documento hace cuatro años, sin saber el giro de su destino, y tampoco lo tenía su familia sino la congregación, porque es una exigencia para ingresar al credo. La lógica indica que nadie se atrevería a firmar una disposición tan terminante si sabe que más adelante lo van a acribillar a balazos.
La cuestión apunta a la Corte Suprema porque el padre considera que debe primar el derecho a la vida, una encrucijada que se debate entre lo doctrinal, religioso y los derechos individuales que poseen una diversidad de legislaciones por encima del valor supremo de la vida.