La muerte del presidente de la Obra Social del Sindicato de Obreros de Maestranza (OSMP) y tesorero del gremio, Roberto Roger Rodríguez, no deja de ser motivo de seria preocupación dentro del ámbito gremial y del mismo Gobierno nacional, al inicio de un año electoral.

Aunque por ahora no hay indicios de liguen su asesinato con la mafia de los medicamentos, no es del mismo parecer Graciela Ocaña, ex ministra de Salud. La OSMP había sido allanada el 16 de diciembre pasado por orden del juez federal Norberto Oyarbide en el ámbito de la causa por la mafia de los medicamentos. El magistrado buscaba pruebas de una presunta estafa al Estado, vinculada al manejo de medicamentos de alto costo, sobre todo, oncológicos. Oyarbide llegó a la OSMP por el vínculo que esa entidad tenía con la Droguería San Javier, de propiedad del empresario Néstor Lorenzo, que está preso y es uno de los principales acusados de la causa. Esta droguería era la que le proveía los medicamentos a la entidad que dirigía Rodríguez.

Además, dos informes firmados por el superintendente de Servicios de Salud, Ricardo Bellagio, afirman que la OSMP había cedido de 2006 a 2009 el cobro de todos los reintegros que debía percibir de la Administración de Programas Especiales (APE) a la Droguería San Javier por una deuda anterior. La ejecución a sangre fría de Roberto Roger Rodríguez retrotrae la memoria al crimen de un delegado de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, el 24 de noviembre de 2006; del pro tesorero de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (Uolra), el 1 de octubre de 2007; de Horacio Viviani, hermano del titular del Sindicato de Peones de Taxis, el 11 de noviembre de 2007; de Abel Beroiz, tesorero del gremio de Hugo Moyano, el 27 de noviembre de 2007; del dirigente Ariel Quiroga, de la Uocra, que apareció ahogado en un canal el 20 de noviembre de 2008; y del tesorero del Sindicato Marítimo de Pescadores, Jorge Andrada, que fue asesinado a quemarropa en Mar del Plata el 4 de mayo de 2010.

Demasiadas muertes marcadas por sombras de sospecha, signos de violencia mafiosa y presunta corrupción. El silencio oficial frente a esta serie de hechos, en la opinión de la ciudadanía, sobrepasa la prudencia. Pareciera en cierta medida, el aval implícito a una forma de gremialismo marcado por ambiciones desmedidas de poder y el ejercicio patoteril de la representación obrera.