Con la excusa de imponer supuestas reinvindicaciones, el fundamentalismo organizado en células extremistas invoca basamentos religiosos inexistentes, pero defendidos con furia doctrinaria, al margen de la inmensa mayoría de creyentes horrorizada con los actos demenciales de las llamadas "guerras santas”. El mundo musulmán tiene ejemplos sanguinarios de violencia extrema contra poblaciones indefensas, como los avances del Estado Islámico, los Talibanes y las sectas armadas que siembran el terror en África.
Esta intolerancia sectorial es tema de debate en el seno de las Naciones Unidas, a través del Consejo de Derechos Humanos, que ha convocado a su vigésima octava sesión para analizar en términos abstractos, es decir sin enfocarse en ejemplos concretos, la situación que amenaza la paz mundial debido a la brutalidad armada que arremete en nombre de la fe, que como en todas las creencias, rechaza de plano la discriminación y el crimen.
Por eso la ONU destaca que, por lo general, los responsables de los actos de violencia representan segmentos relativamente pequeños de las diferentes comunidades religiosas a las que pertenecen, mientras que la gran mayoría de creyentes observa con horror los actos de violencia cometidos en nombre de su credo. Esta mayoría silenciosa y en particular sus líderes, son los que deben manifestar al mundo el repudio al terrorismo que los invoca y denunciarlo para generalizar la condena pública.
Es así que mientras las mayorías y las comunidades más amplias sigan permaneciendo en silencio, a los extremistas no les constará mantener su farsa con el argumento de que disponen de carta blanca para cometer actos de barbarie y hacer pasar esas atrocidades por manifestaciones de devoción religiosa. Más todavía cuando todos los líderes religiosos coinciden en respetar los derechos de los demás.
La campaña del organismo internacional apunta a lo que llama "la ley del silencio”, de pasividad y simples espectadores que incluye a los estados que deben derogar las legislaciones contra la blasfemia, contra la conversión y las discriminaciones de cualquier tipo, incluidas las religiosas. Y la sociedad civil rechazar y denunciar con firmeza, de manera inequívoca, toda incitación a la violencia cometida en nombre de la fe.