Como era de esperar, la campaña electoral ha frenado la labor del Congreso de la Nación y de diferentes cámaras legislativas. Es una realidad que se repite cíclicamente cuando se aproximan las fechas de los comicios. La interrupción de la actividad de un poder del Estado, en este caso debido a las elecciones legislativas del 28 de junio próximo, es preocupante por la demora que afecta al tratamiento de proyectos trascendentes.
La Cámara de Diputados de la Nación sesionó por última vez el 17 de marzo pasado para aprobar el adelantamiento de las próximas elecciones. El Senado, por su parte, trabajó un poco más: el 15 de abril pasado, en momentos de tratar la epidemia de dengue, que entonces superaba los 13.000 casos en el país, rechazó la declaración de la emergencia sanitaria, por una orden imprevista desde Olivos al bloque oficialista. Simultáneamente la disminución del trabajo parlamentario se puede observar en escasas reuniones de comisión, fundamentales para avanzar en el análisis de los proyectos que se encuentran para su discusión.
Esta parálisis del Congreso Nacional ha contagiado a muchas legislaturas, concejos deliberantes, intendencias, ministerios y a funcionarios. No todos, porque hay excepciones gratificantes, pero es el conjunto el que se detiene frente a problemas acuciantes del momento que vive el país.
Si bien los legisladores y funcionarios son también militantes políticos, y pueden destinar una parte de su tiempo a las campañas partidarias, es fundamental que prioricen la actividad pública para la que recibieron mandato de la ciudadanía.