Sin nada que lo previera La Pampa ha demandado ante la Corte Suprema de Justicia a Mendoza por el usufructo de las aguas del Río Atuel, y que según un fallo del máximo tribunal dictado 1987, es un curso interprovincial y por lo tanto debe ser compartido por ambas jurisdicciones.
La sorpresiva demanda contiene unas 400 páginas a los que se agregan anexos que llegan a más de 10 mil fojas con la documentación firmada por el gobernador Oscar Jorge. Como se trata de un conflicto entre dos estados provinciales, la intervención de la Corte es la única instancia de competencia originaria.
Pero no se trata simplemente de ordenar a la demandada compartir las aguas del Atuel -ahora derivadas exclusivamente a Los Nihuiles-, sino que busca también un resarcimiento del "tercero obligado", el Estado Nacional, al que le reclama su responsabilidad histórica en la negligente administración del complejo hidroeléctrico y, en consecuencia, lo hace parte del reclamo de "reparar y recomponer los daños causados".
El diferendo entre La Pampa y Mendoza por el uso del Río Atuel se remonta a 1917, cuando todavía el territorio pampeano era territorio nacional y se discutían los derechos sobre los tres brazos principales del río y varios arroyos secundarios que conformaba una superficie de bañados, islas, lagunas, esteros y cauces de unos 300 kilómetros de largo por un ancho variable, nunca menor a los 15 kilómetros, tras lo cual se sucedieron las denuncias por las decisiones políticas que llevaron a desertificar en una superficie de más de 5.000 kilómetros cuadrados, provocando la desaparición de la flora y fauna autóctona, como también el éxodo poblacional que se mantiene hasta nuestros días, según Jorge.