En un reciente pronunciamiento, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha destacado el respaldo de diferentes gobiernos americanos en la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, según lo demostrado durante la discusión en la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las propuestas de reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La entidad periodística se hizo eco de los resultados de la asamblea extraordinaria de la OEA, celebrada en Washington el 22 de marzo último, que cerró el proceso de revisión iniciado en junio de 2011 sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus relatorías para el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). La sesión finalizó con una resolución aprobada por unanimidad que, entre otros aspectos, respeta la autonomía financiera del sistema y establece la continuidad del diálogo sobre aspectos fundamentales para el fortalecimiento del SIDH.
Lo importante, para la consolidación de la vida democrática, es que gracias a los respaldos de los gobiernos que han hecho de los derechos humanos una política de Estado, entre ellos la Argentina, es que fueron rechazadas las iniciativas que pretendían incorporar reformas que podrían afectar la misión de la CIDH, y en particular, de su Relatoría para la Libertad de Expresión, cuestionada por regímenes autoritarios que niegan la pluralidad de ideas, rechazan la crítica del periodismo independiente y promueven las hegemonías comunicacionales estatales.
En ese sentido el presidente de la SIP, Jaime Mantilla, consideró la decisión de la organización hemisférica como un avance significativo en resguardo de los derechos fundamentales y garante del aval otorgado para permanecer vigilante ante cualquier iniciativa tendiente a debilitar las competencias a la Relatoría para la Libertad de Expresión y su órgano de adscripción, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Más todavía, cuando se ha anunciado una reunión de los países integrantes del SIDH para continuar el debate sobre las reformas y en la que los mismos gobiernos que en esta ocasión no lograron su objetivo, intentarán proseguir sus planes para limitar o anular las funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.