El Poder Ejecutivo nacional recortó en un 12% el pedido presupuestario de gastos de funcionamiento, incluyendo salarios, que para el año próximo le efectuaron los rectores de las universidades nacionales. Los problemas que se presentan a las universidades nacionales con el proyecto de presupuesto 2011 son los que causa la operación engaño que el oficialismo monta todos los años en cuanto a los recursos y gastos.
Si se observa el proyecto 2011, y lo que se aprobó originalmente para 2010, aparecen aumentos muy importantes que el Gobierno suele usar para acallar los reclamos. Pero esto merece un análisis serio. El Ejecutivo subestima recursos y gastos para luego sincerarlos con total discrecionalidad y ejerciendo presiones. En el proyecto 2011 se le asignó originalmente a la Universidad de Buenos Aires (UBA) más que los gastos que figuran en el presupuesto 2010. Parece algo positivo pero que no lo es, porque para el año en curso el presupuesto asignó a la UBA 12,06% menos de gastos totales que los que en realidad realizó en 2009. Es decir, que cuando se transparentan los números queda claro que si a la UBA no se le daba un refuerzo de partidas, habría tenido este año un importante ajuste que se repetiría en 2011. El año próximo sólo recibiría 13,48% más de lo que de verdad gastó en 2009.
Según las mediciones privadas, la inflación verdadera acumulada en esos dos años habrá sido alrededor del 40 por ciento. El Gobierno nacional cuenta con todos los instrumentos para el denominado "apriete presupuestario”, como el que se atrevió a denunciar la Corte Suprema de Justicia. Además monta operaciones de engaño. En este caso, puede salir a mostrar el falso aumento del presupuesto entre 2010 y 2011. Lo cierto es que la propia información oficial muestra que las casas de altos estudios hubieran tenido recortes que en algunos casos superarían el 50% de lo que efectivamente gastaron en 2009.
El PE puede decir que en ese año las universidades tuvieron superávits y es cierto. Para hacer muchos gastos hay que licitar y contar para ellos con la cuota presupuestaria. Si la presidenta amplía el presupuesto por decreto de necesidad y urgencia, como el año último, muchos recursos que requieren esos trámites quedan sin gastar. Y para poder usarlos al año siguiente, también hay que hacer gestiones y correr el riesgo de sufrir condicionalidades.
Con la promesa de que finalmente se terminan liberando los recursos, el Gobierno parece acallar a las otrora conflictivas facultades, que por mucho menos hacían furiosas medidas de fuerza.