En la apertura del año judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, dejó en claro que la Corte no gobierna, pero sí tiene la función de aplicar justicia al Poder Ejecutivo cuando correspondiere. Sostuvo que pueden proponerse cambios y haber debates fuertes, pero la Corte está por encima de esos debates y que su tarea es hacer respetar las reglas de juego. No temió en subrayar que puede haber disensos, pero en un consenso básico de respetar la Constitución.
Las mayorías políticas, desde el Ejecutivo y el Congreso, pueden adoptar políticas, pero es la Corte la que decide si son constitucionales. Se trata de mensajes centrales y claros, ante un año político complejo. Hoy el desafío no es sólo tener una Justicia independiente y eficaz, sino que mantenga vigente con prudencia y energía el sistema constitucional y legal, recuperando los ejes de libertad y seguridad de nuestra Constitución. Hoy el desafío es que se imparta justicia en tiempo y forma sin temer represalias.
Sin una Justicia firme, los derechos humanos, políticos y económicos serán mera abstracción. Su función de moderación, balance y limitación de los otros dos poderes es la razón de su existencia. Se dirá que esto implicará la judicialización de la política. Quizá, pero es la única opción ante posiciones que en ciertas ocasiones pueden resultar avasallantes, renegando de la negociación como mecanismo de gobierno y de la tolerancia a la diversidad como imperativo de convivencia.
No es malo que la política se judicialice porque implica hacer valer el imperio de la ley en los casos previstos y no el de la fuerza. Como dijo Max Weber, los jueces son los garantes de la seguridad jurídica y deben actuar con toda la energía jurisdiccional que sea necesaria para recuperarla, porque si se niega esa seguridad jurídica como uno de los valores del sistema republicano, los ciudadanos sólo tienen al Poder Judicial para hacer frente a esa situación.
Al Poder Judicial le corresponde la función silenciosa, valiente, ecuánime y constante de garantizar el pleno ejercicio de las libertades al amparo de las normas vigentes, de hacer que la Constitución sea, en verdad, el "’arca guardadora de nuestras sagradas libertades”, tal como la definió la Corte en una de las primeras sentencia de nuestra historia constitucional en 1887.