El Gobierno nacional, alarmado por el fuerte crecimiento de las importaciones -45% en 2010-, achicando el superávit comercial, y para contener la presión sobre el dólar hasta el ingreso de divisas de la cosecha gruesa, en abril, extendió las licencias no automáticas a otros 200 productos de distintos rubros.

Son unos 600 productos los alcanzados por las licencias no automáticas, un trámite permitido por la Organización Mundial de Comercio (OMC), que obliga al importador a pedir permisos especiales. En la práctica, es una medida paraarancelaria que desalienta y ralentiza la importación, además de no respetar dos tratados fundamentales que firmó nuestro país. El Tratado de Asunción prevé el principio de libre circulación de mercaderías, además de prohibir a los Estados adoptar medidas administrativas, financieras, cambiarias o de cualquier naturaleza que impida o dificulte, por decisión unilateral, el comercio recíproco.

En 2000, bajo la presidencia pro témpore argentina, el Consejo del Mercado Común (CMC) aprobó la decisión 22/00, que obliga a los miembros a no aprobar ninguna medida restrictiva al comercio recíproco, de cualquier tipo. El Tribunal del Mercosur, en virtud de una demanda de la Argentina contra Brasil por licencias, resolvió que desde el 31 de diciembre de 1999 las licencias automáticas son compatibles con el derecho del bloque siempre que no contengan condiciones o procedimientos y se limiten a un registro operado sin demora durante el trámite aduanero; y las licencias no automáticas los son cuando se adoptan a fin de salvaguardar algunos de los bienes jurídicos mencionados en el artículo 50 del Tratado de Montevideo -no es el caso de las licencias argentinas-, y además estén efectivamente destinadas a la protección de tales bienes jurídicos y no configuren obstáculos comerciales.

Por esto, las licencias en cuestión carecen de validez frente al Tratado de Asunción y otras normas del Mercosur, teniendo en cuenta que no se está protegiendo ninguno de los bienes jurídicos del artículo 50 del Tratado de Montevideo, y configuran un obstáculo comercial. Tal como han sido reguladas, violan las normas del Mercosur y las de la OMC.

Cuando se adoptan medidas de política económica debe ejecutarse sin dejar de observar los compromisos asumidos a nivel internacional y preservando la buena relación con nuestros principales socios comerciales, algo que a la Argentina poco parece importarle.