Tres censuras, sin embargo, se mantienen inalterables y tan burdas como siempre; carcomiendo la verdad y el derecho de los ciudadanos a estar debidamente informados. La peor de todas es la del plomo: 17 periodistas fueron asesinados en 2014, entre ellos una bloguera que en forma anónima denunciaba las actividades de los narcos hasta que la descubrieron. Los demás fueron abatidos en México, Honduras, Brasil, Paraguay y Colombia por miembros del crimen organizado. Los silenciaron porque denunciaban corrupción, escribían sobre tala ilegal de árboles, contrabando y trata de personas, o por no rendirse a las exigencias de los narcos.
En dos casos tétricos, los sicarios atentaron contra un periodista en Perú, pero mataron a su esposa; mientras en México apuntaron contra el reportero, pero mataron a su hijo. Lo más triste es que en casi todos los casos, los asesinos tenían lazos con policías y políticos, evidencia de cómo las mafias siguen conquistando espacios y voluntades.
La otra censura es la del lobo disfrazado de oveja. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, es el representante más encumbrado de esta política. Hasta hace poco engañaba con su verborragia a favor de crear una ley para disciplinar a la prensa corrupta y desbocada, a la que acusaba de vender la patria al enemigo y de aumentar sus intereses económicos a expensas del pueblo oprimido.
El engaño se agudizó aún más. Con la aplicación de la Ley de Comunicación, Correa demostró que su verdadero interés es controlar a la prensa para que su imagen permanezca inmaculada, pese a casos de corrupción y autoritarismo. La ley es implacable. Más de 300 censores oficiales examinan los contenidos de los medios, imponiendo multas y castigos, ya sea por publicar una caricatura irreverente o por omitir información, como la sanción impuesta a algunos medios porque no destacaron suficiente la visita oficial a Chile de Correa.
A la censura directa se le sumaron dispositivos indirectos de acoso económico e impositivo que hicieron a muchos medios inviables y cerraron. Los que sobreviven, ante el temor de duras consecuencias, hacen un periodismo light, sin investigaciones, autocensurado, casi pidiendo permiso, excepto para las obligatorias cadenas nacionales de propaganda. El pueblo, si antes estaba oprimido, ahora está encadenado y desinformado.
El gobierno de EEUU, campeón otrora de transparencia, es ahora uno de los más oscuros. Barack Obama ha encontrado en la seguridad nacional la excusa perfecta para saltar la ley de acceso y negar información pública a los ciudadanos. En Canadá, así como en El Salvador, Honduras, México, Nicaragua o Perú, los gobiernos también invocan excepciones a sus leyes para obstaculizar los pedidos de información de ciudadanos y periodistas.
Pese a la buena tendencia a favor de la transparencia, con la promulgación de leyes en Colombia y Paraguay este año; otros gobiernos, como los de Argentina, Ecuador y Venezuela, niegan tener que rendir cuentas al público, o lo hacen a su manera, con propaganda para informar solo aquello que consideran que el pueblo debe saber. De ahí que las cadenas nacionales sean obligatorias e interminables.