La sequía que azota a gran parte del territorio nacional ha originado pérdidas que superarán al superávit primario. El último informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) titulado "Influencia climática sobre producción agropecuaria en la campaña 2011/2012”, señala que en lo que es soja, la siembra fue un 7% superior al promedio de las últimas cinco campañas. Si bien el estado de los cultivos es muy variable, el rendimiento esperado es levemente inferior al promedio, por lo que se estima que el rango de producción estará en el orden de 43 a 47 millones de toneladas. Las estimaciones previas a la sequía para la cosecha de soja habrían sido de 52 millones de toneladas.
En cuanto al maíz, de acuerdo con el organismo, se puede esperar una producción para la región pampeana de 17 a 21 millones de toneladas, lo que significará una disminución de la producción respecto al promedio de los últimos cinco años, dependiendo esto de la evolución climática.
Respecto de la producción de carne bovina, para el INTA ésta no se vería mayormente afectada debido a que el déficit hídrico se presentó en un momento avanzado del período de servicio. Lo que sí resulta preocupante es la disminución de la oferta forrajera, que de mantenerse las condiciones climáticas con precipitaciones por debajo de lo normal, no permitiría mantener la buena condición corporal del ganado.
Una menor producción de toneladas significa menores ingresos para las empresas rurales y una menor demanda de servicios, de transporte, acondicionamiento de semilla, acopio y procesamiento. Por cada millón de toneladas se pierden alrededor de 50.000 viajes de camión, que para 300 kilómetros produce una facturación aproximada de $4.600, es decir, que deja de transferirse desde el agro al transporte más de $153 millones, que con una estimación de 12 millones de toneladas menos que la estimada al inicio de esta campaña, las pérdidas se multiplicarán hasta rondar los $1.800 millones. Además, dejarán de ingresar más de US$4.600 millones en concepto de divisas necesarias para que el Gobierno mantenga una devaluación controlada.
Este escenario requiere una racionalización del gasto público, considerando a los sectores productivos para aminorar el menor efecto negativo en el sector agroindustrial.