Toda metodología que utiliza la violencia para hacerse escuchar o plantear reivindicaciones de cualquier índole, es repudiable porque se emplea a la fuerza antes que buscar soluciones a través del diálogo y el razonamiento del que estamos dotados los seres inteligentes. Lamentablemente el piquete diario se hizo habitual, con el agravante que los hechos se potencian en sectores donde la protesta social se ha radicalizado.

Este ejemplo que dan los mayores prende rápidamente en la juventud, siendo el ejemplo más palpable la toma de colegios de nivel secundario en la Ciudad de Buenos Aires, con una secuela de vandalismo que hasta han condenado los propios alumnos. Es que las iniciativas las toman grupos minúsculos de activistas radicalizados que dicen responde a mandatos de asamblea, pero estas reuniones carecen de validez porque concurren a ellas pequeños seguidores de la violencia ideologizada.

En esa instancia crece el vandalismo dirigido a golpear los sentimientos más nobles, como el de la fe religiosa. Lo perpetraron en la iglesia porteña de San Ignacio despreciando un costado humano, el religioso, digno del máximo respeto. Es que cuando se abren alternativas de riesgo, como una noche de ”toma”, donde los usurpadores carecen de eficacia y quizá de voluntad de control, debe considerarse que esa apertura engendra situaciones aún presuntamente no queridas, pero de las que hay que responder.

Al trascender la intención del Ministerio de Educación de la ciudad de reducir -en cumplimiento de disposiciones del Consejo Federal de Educación que tienden a unificar contenidos y valor de los títulos docentes- de 158 a 10 las especializaciones que los estudiantes secundarios pueden escoger al concluir el tercer año, ciertamente aún muy jóvenes para tales decisiones. Pero esas reformas no alcanzan a los institutos de la UBA en función de la autonomía universitaria, pese a lo cual el centro del Colegio Nacional de Buenos Aires se colocó espontáneamente a la cabeza de los querellantes.

Toda reforma debe ajustarse a las bases jurídicas y pedagógicas. La opinión del alumnado es valida en el debate para producir cambios estructurales. Pero esto es lo último que parece importar a la dirigencia estudiantil.