Veinte años es un lapso más que razonable para intentar un balance de la reforma, en 1994, de nuestra Constitución histórica.
Ya los doctores Víctor Bazán y Daniel Tomas -académico uno y político el otro- han volcado en estas páginas sus análisis sobre el tema. Coincido con ellos en los aspectos valiosos que nos legó la reforma: ampliación y consolidación de derechos, la consolidación de valiosos institutos (amparo, hábeas data, etc.), la protección del medio ambiente, el empoderamiento de usuarios y consumidores, la autonomía municipal, etc. Desde un punto de vista normativo, está claro que la reforma ha sido prevalentemente positiva.
No es acá sin embargo donde deseo detenerme. Nuestro problema no es la calidad de las normas que nos rigen, sino su incumplimiento. Lo que llamamos "anomia”, es decir, el conjunto de situaciones que se derivan de la degradación de las normas. Por ello, más que en analizar los aciertos y errores que se volcaron en el texto de 1994, nuestro interés debe estar en evaluar cómo dicho texto ha sido receptado en nuestra cotidianeidad. Y, en este ámbito, la constatación es más bien negativa.
Por un lado, existen normas constitucionales que se han obviado sin pudor, como la Disposición Transitoria Sexta, que obligaba al Congreso a sancionar un nuevo régimen de coparticipación de impuestos antes de la finalización de 1996. Es decir, el Congreso Nacional viene violando sistemáticamente la Constitución Nacional desde hace 17 años. Por otro lado, no sólo no se ha atenuado el presidencialismo, sino que se ha incrementado a niveles vergonzosos. La injerencia del Ejecutivo sobre el Legislativo es indecorosa, aunque esto habla peor del segundo que del primero. Asimismo, los permanentes intentos del Ejecutivo de sojuzgar a la Justicia encuentran alguna resistencia en la Corte Suprema, pero no la misma en el Consejo de la Magistratura.
En otro orden de cosas, un centralismo exasperante sigue desconociendo nuestro federalismo, olvidando que el principio de subsidiariedad es la base del diseño de los modelos políticos del futuro. Las provincias no han sido capaces de contener el avance desmesurado, a veces ilegal, de la Nación; los municipios no han sabido, o no han querido, reclamar a los gobiernos provinciales sus legítimos espacios de autonomía. Las instituciones intermedias quedan cada vez más relegadas evidenciando la escasa calidad institucional existente. Son las consecuencias del triunfo de la partidocracia (presencia excesiva e injustificada de lo partidario en la sociedad) sobre la democracia.
También es necesario resaltar que los derechos acordados por el texto constitucional a usuarios y consumidores no han tenido como correlato un desarrollo acorde de las entidades intermedias que los agrupen y protejan, y las que existen han sido muchas veces rechazadas en los procesos judiciales por cuestiones de legitimación.
Por último, tampoco el nuevo texto ha servido para combatir la corrupción existente en todos los niveles. Hoy, la Presidenta designa la persona que la va controlar y puede despedirla, en cualquier momento, sin expresión de causa. Tal como se lee. Quien va a ser controlado elige a quien lo va a controlar y lo puede echar cuando quiere y como quiere.
La reforma de 1994, positiva en líneas generales, como se ha dicho, ha probado algo esencial: no bastan los textos legales. Es necesaria una cultura de cumplimiento de la ley, de sometimiento a las normas, de respeto por las instituciones. Esto es muy difícil de alcanzar en una sociedad gobernada por personas que se sienten mesiánicas e imprescindibles porque, como bien afirma Nallar, la sociedades subdesarrolladas son gobernadas por personas, mientras que las desarrolladas son gobernadas por instituciones. Urge entender que necesitamos recuperar la calidad institucional, el diálogo político y la participación fecunda, verdaderos pilares del Estado de Derecho. Sin ello, no hay políticas de Estado y sin políticas de Estado, ningún desarrollo será posible.
(*) Doctor en Derecho. Miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y de la Academia de Ciencias Sociales de Mendoza.