No es casual que Mark Zuckerberg haya tenido que declarar la semana pasada ante el Congreso de EEUU por el robo de datos personales de usuarios en Facebook. Habla de los nuevos desafíos que enfrenta la libertad de expresión en el contexto digital.


Zuckerberg dijo que tratarán de eliminar cuentas anónimas y de usuarios que engañan y ganan dinero con noticias falsas. Tomará medidas para evitar el robo de datos como el de Cambridge Analytics (CA) que se apoderó de 86 millones de cuentas para hacer propaganda encubierta e influenciar procesos electorales. También creará una comisión interdisciplinaria para estudiar los efectos de las redes sociales en la democracia.

Es bueno que Zuckerberg haya asumido que "no hicimos lo suficiente para evitar que estas herramientas se utilizasen también para hacer daño+. Pero pensar que las autocorrecciones de Facebook, Google o Twitter serán suficientes para resolver el problema es lejano a la realidad.


El Congreso de EEUU dejó una imagen errónea. Crucificó a Facebook y amenazó con imponer regulaciones. Soslayó que la mayoría de los delitos cibernéticos no los comete Facebook, sino que se cometen a través de Facebook. La autorregulación en todo caso puede ser la respuesta para evitar que la privacidad de los usuarios sea vendida y para que cambien los algoritmos para que la publicidad no sea tan invasiva.


Las restricciones, los abusos, las censuras y las campañas de odio y de desprestigio en contra de críticos y opositores muchas veces son cometidos por los gobiernos. También por grupos de poder e ilícitos o en connivencia entre sí.


Sin ir tan lejos, en la vereda de enfrente al Congreso, está el presidente Donald Trump, un experto en el uso de Twitter para atacar y defenestrar a sus críticos. En la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa en Medellín, Colombia, se pudo apreciar que las mayores violaciones a la libertad de expresión digital son parte de la estrategia común de gobiernos y de grupos vinculados al poder.


Los gobiernos más avezados en estas lides son los más autoritarios. Cuba y Venezuela han creado una estrategia de férreo control sobre las comunicaciones digitales a través de empresas oficiales monopólicas. En países más democráticos como Argentina, Colombia, Ecuador y Brasil, el ambiente también está contaminado por maniobras de desinformación, discursos de odio y acciones difamatorias usualmente anónimas a través de las redes sociales. En otros países como Honduras, Guatemala y El Salvador, gobiernos nacionales y municipales usan botcenters, netcenters y ejércitos de cibermilitantes para atacar a los críticos.


Los legisladores de EEUU son ahora responsables. Si crean regulaciones serán imitadas por varios gobiernos del mundo, en especial de América Latina, que ya tienen varios proyectos de ley en la mano para regular el internet.


Facebook y la industria digital deben con urgencia poner lo suyo con estricta autorregulación para no dar excusas innecesarias a los legisladores. Deben censurar los discursos de odio y cuentas anónimas, así sean de la inteligencia rusa o guatemalteca, ya que en nada contribuyen a la libertad de expresión o a aquel lema de uno de los creadores del internet, Vint Cerf, que dijo que debe "ser abierto, sin fronteras y sin regulación".