Han pasado 30 años de aquel 10 de diciembre de 1983 en que recuperamos la democracia y debemos interrogarnos si lo esperado alcanzó concreción. Es de destacar que desde la sanción de la ley Sáenz Peña, en 1912, que permitió la elección mediante el voto universal, nunca hubo tanto tiempo de normalidad democrática ininterrumpida.

Salvo algunos episodios en los primeros años vinculados a los procesos por violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura militar, no se registraron intentos de golpes de Estado ni planteos de las Fuerzas Armadas. Hubo también un notable avance en materia de derechos humanos, reforzado por la jerarquización constitucional de tratados internacionales.

Son múltiples los logros, pero no se puede soslayar la deuda aún pendiente. Hemos retrocedido en calidad institucional, en la efectiva vigencia de los principios republicanos, en la lucha contra la corrupción y en nuestra relación con el mundo. La pobreza y la marginalidad están pendientes, pese a los avances en su disminución, y compromete más esfuerzo para erradicarlas.

En estos 30 años, uno de los dos partidos populares, el radicalismo, prácticamente abandonó su obligación de representar a una parte de la ciudadanía. El otro partido popular, el peronismo, pasó de avalar la autoamnistía militar al libre mercado para luego convertirse al impulso emancipador latinoamericano, mostrando una cuestionable ductilidad. Y sin mediar el ejercicio del pensar ni desde la cultura ni desde los propios partidos. Una de las consecuencias es que en nuestro país, como en ningún otro, se da un caso extraño de cambios de candidaturas ante cada elección. Los ciudadanos observan cómo un personaje puede resultar candidato de este partido o del otro, sin que medie nada que justifique ni la pertenencia ni el cambio.

Una débil oposición muestra su raquitismo democrático, porque prima la ambición más que la grandeza. Se ha convertido en simple comentarista de la gestión oficialista y entre ellos también se observan las falencias que critican. El Congreso es funcional a la mayoría y por lo tanto al gobierno, con prerrogativas para muchas decisiones.

La democracia es inescindible del Estado de derecho, pero hay que comprender, que las fallas se subsanan con más democracia, venciendo el cortoplacismo y apostando al futuro.