Cada vez que surge un conflicto con Aerolíneas Argentinas (AA) salen a relucir datos de que no logra reducir los números en rojo. La empresa de bandera tiene 11.000 empleados, es decir, unos 1500 más que cuando era manejada por la española Marsans. Dentro de ese número hay unos 1600 pilotos, casi un 50% más desde que la compañía está en manos estatales.

Para operar los vuelos y mantener las horas que Aerolíneas y Austral tienen sus aviones en el aire, son necesarios entre 6.000 y 7.000 empleados, según la complejidad de la red que sirva la empresa aérea. En 2009 el déficit operativo fue de 563 millones de dólares; en 2010, según la información oficial, la pérdida se redujo a 486 millones, pero en 2011 el rojo trepará a los 700 millones de dólares, si es que no se caen las miles de reservas que para esta época tienen las aerolíneas por la temporada alta. La empresa, que en 1990 aportaba ganancias y era una de las más eficientes en manos del Estado, fue desguazada inescrupulosamente. En 2008, la Presidenta de la Nación, con fuerte apoyo de los gremios aeronáuticos, anunció la reestatización, cuando la deuda era de 890 millones de dólares.

Mientras quienes dirigen la compañía son denunciados por su dudosa competencia y los dirigentes sindicales son señalados como integrantes de grupos corporativos, millares de pasajeros asisten como rehenes pasivos de una puja sistemática en la que faltan ideas propositivas, generosas y superadoras. El problema de AA se enmarca en un contexto de atraso casi legendario que el país: el del transporte. Sin transportes no hay desarrollo, ni crecimiento ni inclusión social. En Argentina no existe un plan que prevea y estimule acciones coordinadas en vista a largo plazo. La cuestión del transporte aéreo debería ser parte de un Plan Nacional de Transportes que contemple la aeronavegación como un servicio público de fomento, que otorgue oportunidades a la iniciativa privada y funcione en coordinación con el desarrollo ferroviario, fluvial, marítimas, y aún del sistema vial.

Nadie pide que AA se vuelva a privatizar, pero el Gobierno debería ser consciente de que hay que repensar el modo operativo de la línea de bandera. Si se la ve en función de los problemas con los sindicatos o de algunos funcionarios, seguirá perdiendo tiempo y las soluciones tardarán en llegar.