El problema crediticio siempre condicionó a la construcción de la vivienda familiar, ya sea a través de los diferentes programas estatales y de la oferta privada, pero se agudiza en épocas de alta inflación como ocurre ahora en nuestro país, tanto por la suba constante de los inmuebles como de los materiales y trabajos de construcción junto al costo financiero. En otras palabras, el dinero no alcanza o por lo menos se acotan los presupuestos a la hora de los desembolsos.
Por ello ser observa la oportuna disposición adoptada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que respalda financieramente el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, conocido como "’Procrear”, que facilitará los requisitos y las condiciones de la línea habitacional, a la vez de elevará al 90% el monto otorgado para cubrir el valor de las viviendas. El Comité Ejecutivo del Procrear flexibilizará el acceso al crédito y ampliará la línea de crédito denominada "’Compra de vivienda a estrenar” prácticamente a todo el valor del inmueble a estrenar de las 20.000 familias beneficiadas en el sorteo del 22 de octubre último.
Este programa del Gobierno nacional, que prevé el otorgamiento de créditos para la construcción de hasta 400.000 viviendas familiares en todo el país, entre los años 2012 y 2016, es una alternativa particularmente pensada para la clase media, un segmento de ingresos que puede afrontar el pago del crédito para una casa o departamento, como lo viene haciendo en alquiler, por ejemplo, pero tal tez imposible de alcanzar para una compra directa o encarar la propia construcción de la obra.
Los costos de la construcción juegan en contra en estos momentos, como en San Juan -de por si más caro por la estructura antisísmica-, que superaron a la escalada de la inflación en la última medición del índice de consultoras privadas.
Si bien en el sostenimiento del Procrear intervienen también el Banco Hipotecario y el Tesoro nacional a través del Ministerio de Economía, la polémica surge del empleo de los recursos que destina la Anses para el operativo. Se la cuestiona por la pérdida patrimonial de los recursos previsionales, que son de los jubilados, y de malvender sus títulos públicos para afrontar este tipo de operaciones, según observan los críticos. Tal vez este sea uno de los problemas a rever, como todas las desviaciones de recursos previsionales para otros fines.