El proceso judicial recién empieza pero ya se pueden inferir algunas consecuencias del descubrimiento del mapa del delito. Recordemos que el chofer de un secretario del Ministerio de Infraestructura anotaba obsesivamente detalles, fechas, domicilios, dominios de autos, etc. de los viajes para recaudar dineros que empresarios de la construcción y del sector energético hacían llegar hasta la cima del poder. Siempre hubo sospechas sobre este circuito financiado con sobreprecios de obras públicas o falta de controles que generaban una utilidad tan grande que permitía el generoso reparto de las ganancias. Pero esta vez apareció la radiografía. Ya no hacía falta gastar infinitas horas en busca de las pruebas y las relaciones entre los actores, estaba todo escrito allí, con nombres y apellidos, con direcciones y montos. Lo que ahora veremos será una fiesta de creatividad para la defensa de cada uno de los imputados en la que se intentará demostrar distintas cosas según se esté de uno u otro lado del proceso. Los imputados han arrancado intentando girar la cuestión hacia el financiamiento de campañas políticas, una violación menor al código electoral que, en el peor de los casos, puede terminar en una condena de máximo 3 años, con lo que el acusado no irá preso. La Fiscalía, por el contrario, querrá llegar a lo más alto de la condena, 6 años, por cohecho agravado en el caso de los empresarios y asociación ilícita por los funcionarios. Ahí van todos tras las rejas. En el medio habrá tonos grises. Soborno es inducir una decisión favorable al "cliente" por el funcionario público (lo que habitualmente se ve cuando un conductor en falta intenta zafar de una multa policial). Popularmente se llama coima al dinero pedido por el funcionario, a veces para que el coimeado pague voluntariamente una cifra no definida (para el mate, como dicen algunos retenes policiales en las rutas) y otras con porcentajes y fechas de pago definidos sistemáticamente como única forma de obtener la obra o la concesión. Este último parece ser el caso. El tono gris es cuando lo que hay es una mezcla de una cosa y la otra y un sistema de relacionamiento entre empresarios y circunstanciales administradores de los fondos públicos que viene de lejos y que supone el enriquecimiento mutuo. De un lado se factura por encima de los costos reales, a veces para defenderse de la demora en los pagos, y otras, para llenarse el bolsillo. Del otro se admiten reajustes o ampliaciones de obra y, para mantener engrasada la rueda de la corrupción, no se controla. La cuestión, que en su momento abarcó otros países y geografías, ha venido cambiando de norte a sur.

 

Los recientes juzgamientos de los principales dirigentes de la FIFA desde USA, son una muestra de que todo está llegando a su fin y que están bajando al sur formas más transparentes de negociar contratos. Pero mientras esperamos la instalación de estos cambios que pongan en blanco el financiamiento de los candidatos y la ejecución de obra pública, ya podemos deducir algunas consecuencias. Las más inmediatas son económicas. Previsible, al derrumbarse la "cajita feliz" hay que tomar un tiempo bastante largo para reconstruir una estructura. Lo vimos a escala reducida con la situación de las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz, las obras se paralizan, nadie quiere asociarse con un problema y se corta temporariamente un eslabón grande de la cadena de trabajo, salarios, compras, ventas, en fin, de actividad en general. Los bancos dejan de prestar, las acciones de las empresas comienzan a caer luego siguen las acciones de los mismos bancos que estaban vinculados con el flujo de fondos que se cortó y así. También se pudo seguir paso a paso este proceso en Brasil, antes había pasado en USA cuando se descubrió el caso Watergate y más recientemente con la explosión de la burbuja inmobiliaria inflada por LehmanBrothers. Aquí estamos ya en una suba brutal del riesgo país sin otra justificación que el escándalo, el dólar está llegando a los 30 pesos, otra corrida cambiaria. Al comienzo de la gestión de Macri, se intentó revisar los contratos viales, de la construcción y la energía. A los pocos meses todos pedían la construcción de un paraguas sobre lo dudoso para que lo demás pudiera continuar. Desde el punto de vista político el PJ ha quedado inmovilizado y sus dirigentes en estado de parálisis, porque algunos sienten que han estado engañados por aquél "no voy a dejar mis principios en la puerta de la Casa de Gobierno" de Néstor o, lo que es peor, acaban de descubrir cuáles eran esos principios. Tal como mencionáramos en nota anterior, Macri tiene una ventana de oportunidad para hacerse del preciado trofeo de la ética que no será suficiente para equilibrar los desaciertos económicos pero que ayudará bastante a pasar el mal trago de los ajustes inexorables que están y se vienen. Se calcula el total de dinero malversado en unos 15 mil millones de dólares, el total del presupuesto de la provincia de San Juan durante 10 años. Más allá de las consecuencias políticas que serán decisivas y por ahora un tanto difíciles de prever, hay otras proyecciones que se pueden cuantificar tanto en lo económico como en la duración. Las empresas mencionadas en los cuadernos y sus directivos, ya están en una semi parálisis, que se agudizará en las próximas semanas. Es menester que el gobierno y hasta con acuerdo de la parte que corresponda del Poder Judicial, busquen una salida, un método para que no se repita lo que pasó al comienzo de la gestión de Cambiemos. La mera sospecha de corrupción, que recién ahora se confirma en los hechos, mantuvo bajo revisión todos los contratos de obra pública durante unos meses con la consecuencia de corte total de los flujos de fondos asociados. Se desalienta también el programa de participación público privada que pretende que los privados inviertan en obras públicas. Volver al punto de partida previo a la "patria contratista" demandará tiempo. Es preciso aguzar el ingenio para, simultáneamente, desenredar la madeja sin dejar de tejer.