El resguardo del patrimonio público mediante la presencia de serenos, vigilantes u otros encargados de cumplir con esta tarea, es una modalidad que se ha ido perdiendo paulatinamente, alentando que haya robos, desmanes y deterioros de pertenencias del Estado nacional, provincial o municipal. Las cámaras de seguridad son efectivas -como se comprobó en los ataques a la Casa de Sarmiento-, pero escasas.
Las figuras que han desaparecido, entre otras, son el cuidador o sereno de plazas y la de los porteros-caseros de escuelas, al que se le asignaba una vivienda en el ámbito escolar para que viviera con su familia y cuidara el establecimiento cuando no se registraba actividad. También se han perdido las rondas policiales en los distintos departamentos, lo que ayudaba a evitar daños en el patrimonio público y proporcionaba seguridad a los vecinos.
Es común en la actualidad encontrar los fines de semana, días feriados u horarios nocturnos, dependencias nacionales, provinciales y municipales sin nadie que las custodie, lo que hace que sean objeto fácil de ladrones o personas interesadas en provocar daños que luego cuesta mucho esfuerzo repararlos y un gasto innecesario para el erario.
Hace poco, las oficinas centrales del Registro Civil, en nuestra ciudad, fueron objeto del robo de varias computadoras y otros elementos sin que se haya llegado a determinar la autoría del delito. Por otra parte, es larga la lista de escuelas que en lo que va del año han sufrido robos y numerosas las plazas que han sido objeto de desmanes, como el robo de placas y destrucción de bancos y farolas, sin poder determinar los culpables de estos hechos. Tampoco se han salvado los costosos contendores del sistema de recolección de residuos de la Municipalidad de la Capital.
En la actividad privada la situación es diferente, ya que cada empresa recurre al contrato de adicionales policiales o de seguridad privada, para custodiar oficinas, instalaciones comerciales, u obras en construcción, con lo que se logra reducir considerablemente el número de delitos de esa naturaleza.
Distintas autoridades, al ser consultadas sobre el tema, coinciden en que es muy difícil asignar personal para vigilancia sectorizada, algo que la ciudadanía no alcanza a comprender en una época en que abundan los planes sociales -que deben tener contraprestación- y el Estado dispone el recursos para contratar el personal que considere necesario.
Resguardar el patrimonio público surge como una necesidad que las autoridades deberán considerar para promover el orden social que se reclama.