La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ha confirmado que el secuestro y posterior asesinato del coronel Argentino del Valle Larrabure, ocurrido durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón por la agrupación guerrillera Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), debe ser considerado como crimen de lesa humanidad.
La decisión significa el final de una larga discusión entre el procurador general de la Nación, Esteban Righi, y los querellantes, encabezados por el hijo del militar asesinado, que reclamaron la figura de "lesa humanidad" para investigar a los responsables del asesinato. Larrabure fue secuestrado el 10 de agosto de 1974 en la fábrica militar de Villa María, Córdoba. Pasó 372 días en una de las denominadas "cárceles del pueblo" y fue asesinado por el ERP. Su cadáver apareció en Rosario el 23 de agosto de 1975. La autoría fue confirmada por el ERP en diversas documentaciones y artículos periodísticos difundidos en aquellos años.
Con un falso discurso pseudoprogresista, el Gobierno, los funcionarios, los organismos de derechos humanos y los jueces han enjuiciado a los militares de los ’70 por delitos de lesa humanidad, pero no a los guerrilleros. Pareciera que los derechos humanos no son iguales para todos. Muchos hombres y mujeres que en los 70 simpatizaban ideológicamente con las ideas del ERP y de Montoneros fueron injustamente secuestrados y torturados y son víctimas que tienen derecho a justicia. Pero también tienen ese derecho las víctimas de los guerrilleros. En 2003, el ex presidente Néstor Kirchner tuvo la oportunidad de impulsar la justicia total de los crímenes de aquellos años, pero no lo hizo.
La Corte consideró en 2005, a través del caso Simón, que los delitos de lesa humanidad cometidos por funcionarios del Estado son imprescriptibles. Sin embargo, nunca admitió lo que afirman el Tratado de Roma y las sentencias del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Es decir, que los delitos de lesa humanidad también pueden ser cometidos por organizaciones no estatales y que dañar a una víctima inocente en un conflicto armado interno es siempre un delito imprescriptible. Nuestra sociedad necesita la reconciliación en la justicia para que dejando de lado los resentimientos, que tanto daño han causado por el exacerbamiento de posiciones unilaterales, se reconozca que el perjuicio causado en aquellos años ha dañado a todos.
Cuando se atenta contra la dignidad humana y se destruyen vidas, no hay vencedores ni vencidos, ya que es toda la sociedad la que pierde.