El régimen de coparticipación federal no logra corregir la gran distorsión que genera que el Estado nacional sea el que cobra la mayor cantidad de impuestos. La modificación del esquema y una reforma fiscal integral, han sido promesas de muchos gobiernos. El último cambio integral del esquema de reparto de fondos entre las provincias y la Nación y luego entre las provincias, se discutió en 1988, durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

Entonces, algunas provincias cedieron a favor de otras: Buenos Aires fue perjudicada y tiene un reclamo histórico. Un parche fue el Fondo del Conurbano, que le asignó a Eduardo Duhalde el 10% de la recaudación del impuesto a las ganancias. Los demás gobernadores se sintieron perjudicados y terminaron colocándole un techo de 650 millones de pesos anuales y el excedente repartido entre otras provincias según los índices de necesidades básicas.

Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) concluye que Australia y Canadá tienen esquemas parecidos al de nuestro país funcionando correctamente y, aunque son menos eficientes, también logran resultados mejores a los de Argentina, España y Brasil. Todos los intentos de cambiar el último rediseño que se hizo de la coparticipación en 1988 han fracasado. Incluso la Argentina vive la vergüenza de incumplir con la última reforma de la Constitución, que dio un plazo largamente vencido, para un nuevo esquema de reparto entre las jurisdicciones. Una gran diferencia entre los que tienen modelos más eficientes es con qué periodicidad se revisa el sistema. Mientras en Australia, Canadá y España las necesidades fiscales se revisan periódicamente, en Brasil y en Argentina los coeficientes de distribución no se actualizan desde hace veinte años.

Resulta claro que hay que introducir criterios de modificación en el sistema de coparticipación para premiar la eficiencia. En economía vale la gestión ordenada y justa. Siempre es una tentación para un político asegurarse la obtención de dineros que recauda otro y no tener que enemistarse con sus votantes aplicando y cobrando tributos. Más allá del temor a cualquier presión del poder nacional, los gobernadores deberían proponer una modificación gradual al régimen actual, evitando el peligro de gastar sin recaudar, y siendo responsables a la hora de erogar.