La Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, en un reciente fallo, sostiene que en ningún momento la Sindicatura General de la Nación (Sigen) cumplió con la entrega de la totalidad de los informes emitidos en 2009. Ante ello destaca que ese organismo de control incumplió con la ley de administración financiera que obliga a dar a conocer las auditorías realizadas a entes públicos.

Según los síndicos de la Auditoría General de la Nación (AGN), entre los informes retaceados por la Sigen se encontrarían documentación relacionada con el manejo de organismos descentralizados, la situación de las cuentas de algunas empresas estatales y la distribución de fondos que realizaron diversos ministerios. La AGN depende del Congreso nacional y la Constitución le otorga facultades para controlar todos los órganos de poder. El reclamo de información que hace la AGN tiene como fin último la realización de auditorías que sirvan al Poder Ejecutivo para una eficiente gestión de los fondos públicos que repercutirán en una mejor calidad de vida de los ciudadanos.

La Sigen fue creada para controlar al Poder Ejecutivo, aunque desde hace tiempo el verticalismo político ha hecho que esa función haya sido desvirtuada. Ahora, el fallo de la Justicia pone de relieve la necesidad de controles y la cooperación de los diversos organismos de control con el fin de supervisar al PE nacional. También revela los problemas que presenta el sistema institucional argentino. Uno de ellos es que el Gobierno es esencialmente reacio a cumplir con estos deberes.

El funcionamiento general de la justicia y de los órganos de control de los distintos poderes, son, en definitiva, la base para generar confiabilidad en el sistema. El libre acceso a la información en los diferentes organismos estatales también contribuirá a que la ciudadanía cada vez comprenda y se interese más por la marcha de los asuntos públicos. Pero, paralelamente a esta realidad, la sociedad argentina debería demostrar que está al tanto de cuánto importa para la salud de la República la defensa de este derecho -también es un derecho humano- de acceder a la información pública. La democracia no sólo se debilita cuando se impide el ejercicio de la libertad responsable sino también cuando fallan los controles que tanto el Congreso como los organismos de fiscalización y el correcto funcionamiento de las instituciones privadas coadyuvan al desarrollo armónico de un poder democrático equilibrado, cuya meta es solo el bien común.