El problema salarial que impide el dictado de clases en Buenos Aires y de Tierra del Fuego, por la dura posición de los sindicatos docentes, afecta a alumnos de diferentes niveles y sin posibilidades de solución inmediata debido a la intransigencia de las partes. En el caso bonaerense, el estancamiento de las negociaciones y consecuentemente la huelga, suma hasta hoy 12 días sin clase desde que 4.700.000 chicos iniciaron el ciclo lectivo, el 25 de febrero último sin que se busquen alternativas de protesta.
En el sur, la intransigencia del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina avanzó más en el conflicto, hasta llevar la protesta a tomar la casa de gobierno, desde el jueves de la semana pasada, en medio de graves disturbios. Ante la magnitud del paro, la gobernadora Fabiana Ríos no tuvo otra alternativa que reasignar partidas del propio Poder Ejecutivo y una modificación del presupuesto a fin de afectar fondos de otros poderes y de entes descentralizados del Estado para cubrir el reclamo salarial.
Por su parte la situación planteada por la Federación de Educadores Bonaerenses no descarta la posibilidad de implementar nuevos paros para la semana que viene, si persiste la negativa oficial para mejorar la propuesta salarial del 22,6% de aumento que fue rechazada, a pesar de que ya se realizaron las paritarias, ahora desconocidas por la dirigencia gremial. En ambos casos los sindicalistas alegan derechos constitucionales para paralizar las clases, lo cual es una verdad a medias porque si bien el paro como última instancia tiene ese respaldo, también la Constitución consagra el derecho inalienable de la educación dentro de las premisas del Estado. Y el bien común está por encima de los intereses sectoriales.