El primer ministro británico, David Cameron, afirmó ante el Parlamento que la soberanía sobre las Islas Malvinas "no es negociable" y hay que poner "punto final" al tema, ratificando el derecho a la autodeterminación de los isleños. Por su parte la presidenta Cristina Kirchner consideró que "es un gesto de mediocridad y casi de desconsideración hacia organismos internacionales, la frase "punto final" para la historia de nuestras Islas Malvinas".

La tradicional oposición del Reino Unido a devolver las Islas Malvinas a la Argentina se apoya en el principio de la libre determinación de los pueblos, es decir, en el derecho de elegir su destino, invocado por habitantes de origen británico que las habitan. Sin embargo, Londres ignoró tan improfanable principio por prioridades estratégicas no siempre propias, sino de su gran aliado, los Estados Unidos. Un ejemplo es Diego García, la mayor de las islas del archipiélago de las Chagos, en la inmensidad del océano Índico, a mitad de camino entre las costas de África e Indonesia.

Perteneciente al Commonwealth, el archipiélago era conocido por la belleza de sus playas, sus arrecifes de coral, su exuberante vida submarina y su excepcional ubicación estratégica. Lo habitaban originalmente unos cinco mil chagosianos de raza amarilla, orgullosos de vivir allí. En 1967, Washington y Londres iniciaron conversaciones secretas destinadas al control estratégico del Índico y de sus proyecciones en el continente asiático. Con ese planearon y ejecutaron en secreto la instalación en Diego García de una base militar a la que se prohibió el acceso a civiles, en especial a periodistas. El 25 de abril de 1967, Gran Bretaña firmó un acuerdo con EEUU por el que le cedió en préstamo por 50 años la isla Diego García y recibió como parte de la operación, entre otros favores, un descuento de aproximadamente 12.000.000 de dólares de la factura de venta del misil Polaris al Reino Unido, conservando éste la soberanía nominal de la isla. Dos duras condiciones fueron exigidas por los norteamericanos: que la isla fuera vaciada íntegramente de sus pobladores y que los británicos se encargaran de evacuarlos.

Los ingleses comenzaron de inmediato el proceso de remover a alrededor de 400 familias, depositadas en su gran mayoría, a cientos de kilómetros de distancia, en Seychelles y Mauricio, donde actualmente viven desarraigados y con escasos recursos. Pareciera que en este caso no existió el principio de autodeterminación de los pueblos tan apasionadamente defendido por los británicos.