Las escuelas del país enfrentan este año una demanda que nadie previó, ya que unos 580.000 chicos de 5 a 17 años podrían solicitar vacantes si sus padres quisieran cobrar la asignación universal por hijo, creada por el Gobierno nacional hace cuatro meses. Pero no hay lugar para todos ellos en los distintos niveles educativos.
En el Ministerio de Educación reconocen el problema, aunque no dan cifras de cuántos chicos podrían pedir un lugar en las escuelas del país. Pero ya hay estimaciones no oficiales de la situación: la cantidad de potenciales nuevos alumnos es de unos 580.000.
La asignación universal por hijo surgió de un decreto presidencial que entró en vigor el 1º de noviembre pasado y exige que para poder cobrar la totalidad del beneficio mensual, que es de 180 pesos, y no perderlo, hay que acreditar la escolaridad en el caso de los menores de entre 5 y 17 años. El 20% del beneficio se retiene, se deposita en un banco y se cobra una vez al año, cuando se demuestra que el chico concurrió a la escuela y cumplió con el calendario de vacunación.
Esta nueva presión sobre el sistema educativo se suma a la mayor demanda de lugares en las escuelas del país por la universalización de la sala de 5 años, la obligatoriedad del secundario y la reforma que está haciendo la mayoría de las provincias para volver a la estructura de escuela primaria y secundaria, todos cambios establecidos por ley.
La Argentina está atravesando un momento de profunda injusticia educativa. Cuando más se necesita estar a la altura de la sociedad del conocimiento, cuando más necesario es que todos los argentinos estén definitivamente actualizados con las nuevas tecnologías, cuando la educación se ha convertido en todo el mundo en el pilar de las sociedades del mañana, nos encontramos con graves deficiencias en ese ámbito. A su vez, no podemos dejar de recordar que, entre 550.00 y 900.000 adolescentes y jóvenes no trabajan ni estudian, y no saben qué será de ellos en los próximos años.
La experiencia internacional demuestra que sólo hay dos caminos para lograr que todos los niños y jóvenes se escolaricen. El primero es responsabilidad del Estado que debe garantizar las condiciones de educación para todos y no sólo para los que pueden pagarla de su bolsillo. El segundo camino le corresponde a la sociedad. La educación debe ser asumida como un valor compartido. Lo primero depende de los funcionarios políticos, pero lo segundo, es responsabilidad de todos.