Entre febrero y octubre de este año ingresaron 74.731 nuevos juicios al fuero de la seguridad social; son en su mayoría demandas contra el Estado por el cálculo inicial o el reajuste de haberes mensuales de jubilados. La cifra es un 5% superior a la registrada en igual período de 2011, luego de una caída que se había observado en los dos años previos.

Las estadísticas de la Cámara Federal de la Seguridad Social muestran que hay 372.726 expedientes en trámite, considerando los que esperan sentencia de primera o de segunda instancia y sin contar los que ya están en la Corte Suprema. Ese reclamo pretende que se extienda la aplicación del "fallo Badaro” a todos los jubilados a quienes les corresponda, sin necesidad de que deban hacer litigios en forma individual. El fallo Badaro es el que ordenó al Gobierno nacional dar una recomposición del haber mensual para el período de 2002 a 2006, cuando se dejó al margen de los aumentos a quienes ganaban más que la jubilación mínima, en función de la evolución de los salarios activos.

En el último año aumentó en forma significativa el ritmo de fallos emitidos por los Juzgados de la seguridad social: entre febrero y octubre se emitieron 46.870, casi 40% más que en 2010. Sin embargo, gran parte de esas disposiciones son apeladas por la Anses, y de las tres salas que tiene la Cámara de Apelaciones, una está prácticamente paralizada desde julio de 2011 por la recusación constante de la Anses contra el juez Luis Herrero, uno de los integrantes de la Sala II.

Pero el martes pasado, la Corte Suprema de Justicia rechazó el ejercicio masivo de recusación de magistrados por parte del organismo previsional, a fin de agilizar los reajustes a favor de los jubilados, que suelen demorar varios años en tramitarse. En los últimos dos meses, fue récord la cantidad de apelaciones a sentencias que favorecían a personas de la tercera edad.

Recordemos que en la apertura del año judicial 2009, el presidente de la Corte, doctor Ricardo Lorenzetti, propuso "desarrollar la ética de los vulnerables”. "El juez debe proteger a los ancianos, a los jubilados que quieren un trato y un ingreso digno a los más débiles”, dijo. Los jueces deben hacerlo. Pero esto no alcanza. El respeto a los derechos humanos de los jubilados debe ser garantizado por los tres poderes del Estado.