El presidente de la Nación electo, Mauricio Macri, prometió durante su campaña que no habrá impunidad para los funcionarios corruptos y esta premisa la reiteró después del triunfo, de manera de facilitar todo lo que necesite la Justicia para garantizarle la libertad que demande cualquier investigación para ir a fondo, para que no haya ningún tipo de impunidad.
Esta ha sido una de las definiciones más resonantes del líder de Cambiemos, reiterada un día después de haber triunfado en la segunda vuelta electoral, con la seguridad de que en su gestión se investigarán también todos los casos de corrupción que se hayan cometido en la actual administración nacional. Señaló expresamente, para despejar cualquier duda, que se refería a todos "aquellos que cometieron actos que violan la ley” durante estos años de gobierno.
El empeño en esclarecer uno de los hechos más condenados por la ciudadanía está en sintonía con el último Índice de percepción de la corrupción, que publicó en marzo pasado la organización Transparencia Internacional, donde la Argentina ocupó el puesto 107 en un ránking de 174 naciones evaluadas. El nuevo mandatario ha culpado a la falta de transparencia que genera la imprevisibilidad en la Argentina, como causante de la falta de inversiones y la desconfianza existente en el país.
Pero más allá de la Justicia, Macri anunció durante su campaña que iba a crear una agencia contra la corrupción con la facultad de investigar hasta al propio presidente de la República ante la presunción de una irregularidad que transgreda la transparencia que desea ser un distintivo de su gestión, de tal forma que "funcionario que roba, funcionario que lo echo”, según sus palabras.
En realidad no hace falta una nueva estructura burocrática para investigar y sancionar a funcionarios corruptos porque para ello está la Auditoría General de la Nación y todas las normas que regulan el desempeño de los agentes administrativos políticos y, en definitiva, los procesos judiciales que pueden ser ágiles en la medida que se les faciliten las investigaciones y, en particular, sin las presiones para que la impunidad se mantenga.
Es más, una agencia contra la corrupción lograría demorar el proceso contra el sospechado, porque la instancia administrativa llevaría su tiempo, o mejor dicho sería un obstáculo para el procesamiento. Macri tiene una herramienta mejor: la destitución por decreto, la muerte súbita del corrupto.