En el último giro de la trama, después de que Maduro ordenó a sus funcionarios y a los vecindarios chavistas defender la revolución y tras la expulsión de tres diplomáticos estadounidenses, acusados de promover actividades subversivas al financiar ONGs, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones abrió un proceso de sanción en contra de Globovisión por haber emitido un programa de televisión en el que se informó sobre el desabastecimiento.

Como siempre ha hecho desde que asumió en abril, Nicolás Maduro acusa a cualquiera (menos al gobierno) de todo, en especial a la empresa privada de estar provocando la escasez de insumos y servicios como una forma de conspiración política.

Ni él ni su antecesor jamás admitieron que la escasez es producto de una pésima política económica basada en el apriete y cierre de la empresa privada y en un modelo importado de Cuba que jamás dio la más mínima satisfacción económica a sus ciudadanos. La política de Maduro, mucho más castrista que Hugo Chávez, es aún más peligrosa, porque fiel a sus mentores, quiere ahondar un proceso que a todas luces hace agua y que terminará por ahogarlo.

La sanción a Globovisión muestra que Maduro en lugar de enfrentar el problema quiere negarlo. Es parte de su política bien agresiva en contra de los medios de comunicación y la libertad de prensa, una estrategia que seguirá profundizando la política chavista.

Globovisión, así como los diarios y revistas, necesitan de los insumos importados (cámaras de televisión, monitores, micrófonos, impresoras, tinta y papel, entre muchos otros productos) para poder permanecer en el aire y mantener las publicaciones. Pero sucede que el gobierno bolivariano no le da a los medios independientes las divisas necesarias para poder comprar esos materiales en el exterior.

Esto demuestra que la escasez es, en este caso, una medida de la que el gobierno es el único responsable; una autorización oficial bastaría para que los medios puedan publicarse normalmente. En cambio, muchos periódicos debieron cerrar su puertas y todos -incluso a partir de ayer El Impulso, de Barquisimeto- debieron cortar la cantidad de páginas que publicaban y hasta dejaron de lado fotos en colores ante la falta de tinta.

Claro que estos elementos no son tan prioritarios como el arroz, la harina o el papel higiénico para un pueblo venezolano. Sin embargo, la política de calificar de delito la información sobre el desabastecimiento general y provocar la escasez de insumos básicos para el funcionamiento de los medios de comunicación, demuestra el doble estándar del Gobierno de Venezuela.