La desaparición del militante del Movimiento Resistencia Ancestral Mapuche, RAM, que pretende reivindicaciones territoriales para esta tribu originaria de la Patagonia, ha despertado discusiones interesantes sobre varios temas. El más actual y más politizado electoralmente es el de si se trata o no de una desaparición forzada en la cual haya tenido que ver o no algún organismo de seguridad del Estado. Otro, el de fondo, es la supuesta superioridad moral de la diversidad cultural. La mirada está puesta en la Gendarmería Nacional, que se ocupó de despejar la ruta 40 de tránsito bloqueado por manifestantes entre los cuales se dice estaba Maldonado. El intento de uso electoral ha llegado a que algunos dirigentes, más interesados en una ventaja personal o de su grupo que en la resolución del caso, hayan exagerado en afirmar que "es el primer caso de desaparición en democracia", cuando hubo no uno sino varios otros denunciados en la misma situación como, para no ir más lejos, la desaparición en nuestra provincia del ing. Raúl Tellechea y la del joven Iván Eladio Torres. El caso de Torres, un joven de 25 años que fue detenido arbitrariamente, torturado y finalmente desaparecido en la provincia de Chubut, contó, a diferencia del caso Maldonado, con el testimonio de compañeros de celda en la cárcel de Comodoro Rivadavia y significó el primer caso sometido al juicio de la Corte Internacional de Derechos Humanos por denuncia de la Comisión Interamericana en el expediente 12.533.

En 2011, en plena administración de Cristina Fernández, el país fue condenado a producir varias reparaciones, algunas de conductas policiales y otras económicas por un monto total de 172.000 dólares estadounidenses más 10.043 dólares en gastos a favor de familiares de Iván. Fue esa la primera vez que se institucionalizó la categoría de "desaparición forzada". Es bueno recordar que, pese al uso común en sentido contrario, la inscripción de ese título en la portada de un expediente judicial no acusa a gobierno alguno, sino que habilita un sistema especial de investigación con el uso de instrumentos y costos distintos a los habituales en una persecución penal. También se ha dicho, posiblemente en el afán de mediar para otro lado en la lucha electoral ya en desarrollo, que no corresponde nombrar al hecho de esa forma porque se necesitaría la existencia de un ataque generalizado y sistemático implementado desde organismos oficiales o patrocinados desde oficinas públicas como vivió la Argentina durante el régimen militar que rigió hasta 1983. Falso. También son desapariciones forzadas casos aislados en los que falte información sobre el paradero de una persona cuya ausencia se sospeche resultado o consecuencia de una determinada actividad política, que podría ser este caso. Además, el largo tiempo transcurrido sin novedades da pie para la preocupación de los organismos que tienen habilidad material para investigar. Un segundo punto, cuya discusión aun no se abre plenamente y que ha dado lugar a formación de relatos en estereotipos rígidos, a favor o en contra, es la cuestión del reconocimiento de derechos a especies de pequeños países aislados dentro de un país más grande que sería la Argentina. Uno de los más claros representantes de esta idea es el detenido chileno Jones Huala, quien se declara descendiente de mapuches y por esa razón sostiene no tener nacionalidad distinta a la de sus supuestos orígenes. Es decir, no se reconoce ni argentino ni chileno sino solamente mapuche y, como es lógico, al no sentirse subordinado a ninguna jurisdicción, no admite obligación de respetar las leyes de cualquier lado de la cordillera. Este pretendido cisma, que cuenta con el respaldo ingenuo de quienes legislaron en el pasado reciente sin advertir los peligros que vendrían, no conduce sino a la violencia y que se irá profundizando con adherentes que, como el joven Maldonado, quien nada tiene que ver con los mapuches, sienten simpatía por su causa, del mismo modo que jóvenes europeos se están inmolando en nombre de dioses, líderes y geografías que nunca conocieron.

Nuestro país, bien llamado crisol de razas por la mezcla que describió Lito Nebbia diciendo "los argentinos venimos de los barcos", fue uno en el que varias generaciones lucharon para unir desiguales y tuvieron éxito. Hoy, hay corrientes de acción y pensamiento que desean volver atrás, destruir esta paciente tarea y empezar a separar lo que tanto costó unir. Frente al concepto de que todos éramos distintos pero debíamos tender a la igualdad, se opone actualmente el que promueve hacer prevalecer las diferencias y busca prolijamente elementos culturales para reforzar lo que nos pueda separar. Aquel guardapolvos blanco en el acto de bandera en la educación gratuita y obligatoria que nuestros próceres inventaron como modo de que niños venidos de distintos lugares de mundo, a veces sin saber nuestro idioma, se vistieran de la misma manera y levantaran la cabeza todos los días para prometer fidelidad a una única bandera y pasaran a ser definitivamente argentinos, se está comenzando a manchar con la marca de la intolerancia y la falta de respeto a la ley. No es un augurio, ya está ocurriendo. Diversidad cultural es el nuevo, futuro e inexorable nombre de la guerra.