Desde ahora, y hasta 2011, año en que el oficialismo se jugará su futuro político en las elecciones presidenciales, será ampliado el citado plan, destinado a los desempleados y cooperativas de todo el país. Se pretende pasar de los 100.000 beneficiarios actuales a unos 300.000 en poco más de un año.
Hasta ahora aquel programa estuvo centralizado en el conurbano bonaerense, pero se pretende potenciarlo en los grandes centros urbanos del interior: en Córdoba capital, el Gran Rosario, San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero, Salta y San Salvador de Jujuy. A los 1200 millones de pesos que se le destinaron a dicho plan en el presupuesto de 2009 se le sumarán 1500 millones este año y un monto similar en 2011. El presupuesto global de ese programa se usa casi en un 80% para pagar los 1200 pesos mensuales que recibe cada cooperativa; el resto va a la compra de herramientas de trabajo. Si no se llegara al presupuesto esperado o que aumentara más de lo estimado el número de beneficiarios, el Ministerio de Desarrollo Social contaría con la posibilidad de que haya una reasignación de partidas de otros ministerios, mediante el uso de los superpoderes que tiene el jefe de Gabinete.
Lo concreto es que la idea de triplicar el plan Argentina Trabaja coincidirá con las elecciones de 2011 y tanto Cáritas Argentina, entidad de la Iglesia que se dedica a tender a familias en situación de pobreza, como la oposición, sospechan de las intenciones electorales de esta estrategia. La mayor muestra de que el plan está focalizado en determinados sectores es la dura disputa que se desarrolla en la calle de parte de los grupos piqueteros que cuestionan a la Casa Rosada, pero que, a la vez, reclaman beneficios y apuntan al Movimiento Evita, que es el sector alineado al Gobierno que más ayuda recibe. Si el Gobierno tuviera intenciones reales de que hubiera un programa de ayuda a los desocupados debería extender el plan a los 700.000 desempleados que hay en el conurbano y no de elegir a 100.000 que dicen coincidir con el tan anunciado proyecto del oficialismo.
Para terminar con los vicios clientelistas se hace imprescindible la sanción de una ley de parte del Congreso Nacional que impulse una evaluación obligatoria de todos los programas sociales y crear una Agencia Social de Evaluación periódica y obligatoria del impacto que tienen estos planes. De ese modo, se ayudaría en parte, a erradicar este nocivo vicio de la política argentina: servirse demagógicamente de los pobres para obtener resultados favorables en las elecciones.