El drama de la violencia de género no se detiene en el país. En 2012, hubo en promedio cinco femicidios por semana y en total fueron ejecutadas 255 personas por el hecho de ser mujeres. El 63% fue ultimada por su esposo, amante, novio o ex pareja, según un informe del Observatorio de Femicidios en Argentina, que dirige La Casa del Encuentro y que se basa en el registro de los casos publicados en las agencias informativas y en 120 diarios del país.

La violencia contra la mujer será el tema central en la próxima sesión de la Comisión de la Condición de la Mujer de las Naciones Unidas, que se realiza cada año en marzo. Allí, gobiernos, organizaciones de mujeres y agencias de las Naciones Unidas acordarán las líneas de acción para atender este problema y ayudar a eliminarlo. En la Argentina existen leyes que deberían ayudar a evitar este drama. Por ejemplo, la ley 26.485 de protección integral, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. También se cuenta con la ley que reconoce el femicidio; la de trata, que el año pasado se mejoró, pero la violencia continúa y las muertes aumentan.

Es que cuando las leyes no se implementan ni se cumplen queda demostrada la falta de interés político. Resulta difícil comprender que después de cuatro años, la ley 26.485 no se implemente; que no se tengan estadísticas para saber cuántas son y dónde están las víctimas. Faltan protocolos de atención uniformes, para que los servicios de salud atiendan a las mujeres en la emergencia y también brinden asesoramiento legal y psicológico. El Ministerio de Salud de la Nación no aprobó por resolución un protocolo para la atención de las personas violadas, terminado en 2011. No se desnaturaliza la violencia sólo a través de campañas. El Ministerio de Educación tampoco elaboró los contenidos para incorporar la prevención de la violencia contra las mujeres en toda la enseñanza.

La Corte Suprema de Justicia actúa, ya que con las oficinas de Violencia Doméstica y la de Mujer, brinda servicios y capacita al personal de la Justicia y, en menor medida, al de las fuerzas de seguridad, que deberían ser capacitadas por el Ministerio de Seguridad y otras instancias del Poder Ejecutivo Nacional. Es necesario y urgente cumplir la ley y atender esta tragedia sociofamiliar que no tiene bandería política y cuyas víctimas no tienen voz o se las quitaron.