Hace pocos meses, el presidente Enrique Peña Nieto recibía en Nueva York la distinción de "Estadista del año”, y sus audaces reformas energéticas, educativa y de telecomunicaciones repercutían en la prensa internacional como el comienzo del "momento de México”, que lo impulsaría rápidamente al Primer Mundo. Pero aunque la economía mexicana crece más que las de Venezuela, Argentina o Brasil, surgió el enojo colectivo por la violencia endémica y por nuevos escándalos de aparente corrupción política.
Con cualquier mexicano con que uno hable, coinciden en que la probable ejecución masiva de los 43 estudiantes en la ciudad de Iguala -junto con los escándalos en torno al dudoso contrato de u$s 3700 millones con una empresa china para la construcción de un tren de alta velocidad, y la compra de una mansión de u$s 7 millones de la primera dama Angélica Rivero- han provocado la peor crisis política de Peña Nieto desde que asumió hace dos años. Es cierto que siempre ha habido descontento público por la violencia del narcotráfico, que según cifras oficiales ha causado más de 22.000 muertes desde 2006, pero la desaparición de los 43 estudiantes genera una indignación pública sin precedentes en tiempos recientes.
Parte de esa ira colectiva se debe al hecho de que, esta vez, los desaparecidos no fueron víctimas del fuego cruzado entre bandas de narcos sino activistas estudiantiles se disponían a protestar contra una ceremonia que iba a ser presidida por la esposa del alcalde. Según versiones, las autoridades federales conocían desde hace tiempo los vínculos del alcalde con los narcos, por lo que se acusa a Peña Nieto por no actuar a tiempo contra esos corruptos gobernantes.
Desde la desaparición de los 43 estudiantes, los manifestantes estudiantiles de Guerrero han salido a las calles, han bloqueado el aeropuerto de Acapulco y los caminos próximos, y han destruido las oficinas locales de los tres partidos políticos más importantes de México. En Ciudad de México, manifestantes enmascarados atacaron el Palacio Nacional y destruyeron una de sus puertas históricas y casi todos los días hay protestas callejeras.
Simultáneamente, se reveló que la primera dama había comprado su mansión de 7 millones de dólares -conocida como la "Casa Blanca” por su color- a una subsidiaria de una empresa mexicana a la que se le habían asignado importantes contratos gubernamentales. El Grupo Higa era socio del consorcio chino al que se le había concedido el polémico contrato de u$s 3700 millones para construir el tren bala Ciudad de México-Querétaro.
Mi opinión: México vive un clima de descontento social que puede afectar la confianza interna y externa en el país, en un momento en que el desplome de los precios del petróleo amenaza con disminuir la avalancha de inversiones que el gobierno espera como resultado de la reforma energética. Las reformas de Peña Nieto son positivas, pero han sido edificadas sobre bases endebles, como como construir un edificio sobre un pantano. No van a llegar inversiones masivas a un país donde se adjudican contratos gigantes con licitaciones cuestionables, y donde las autoridades locales están acostumbradas a actuar con total impunidad.