Uno de los argumentos más usados por el gobierno para defender la sancionada ley de medios, ha sido el de morigerar lo que han catalogado como monopolios televisivos, radiales o informativos. Es evidente que se apunta al denominado grupo "Clarín", entre otros. Y justamente la frase "entre otros" considero es una clave para analizar con mayor rigor el problema.
"Monopolio (del griego monos ‘uno’, polein ‘vender’) es una situación de privilegio legal o fallo de mercado en la cual, para una industria que posee un producto, un bien, un recurso o un servicio determinado y diferenciado, existe un productor (monopolista) oferente que posee un gran poder de mercado y es el único de la industria que lo posee. Se debe tener en cuenta que en dicho mercado no existen productos sustitutivos, es decir, no existe ningún otro bien por el cual se pueda reemplazar y, por lo tanto, este producto es la única alternativa que tiene el consumidor para comprar".
Si el mercado tiene en el sector de los medios diversas ofertas, resulta muy forzado hablar de monopolio, ya que el consumidor puede elegir entre varias de ellas. Nuestro país exhibe tres o cuatro grupos de grandes proveedores televisivos, más de 150 pequeños distribuidos en todo el país, similar panorama en las radios, y no menos de 12 importantes diarios de circulación nacional y más de 120 diarios en el interior del país. Tampoco desde esta óptica se advierte un real monopolio que pudiera distorsionar o capitalizar la opinión pública y la oferta mediática, más cuando se aprecia una evidente pluralidad de opiniones en todos ellos, salvo en Canal 7.
Ahora bien, el gobierno ha colaborado directamente con la ruptura del contrato que la AFA tenía con la empresa transmisora de encuentros de fútbol, mediante un golpe de timón ilegal e inconstitucional. Alegó que era inadmisible que un solo medio tuviera en sus manos la televisación del fútbol, como si estuviera hablando del monopolio de la información, de la salud o de la cultura. Y, con igual atropello al Estado de Derecho, mediante la urgentísima ley dictada, va por la disolución unilateral (porque no es otra cosa el dictado de esta normativa) de los contratos de concesión a los medios, que el propio gobierno había prorrogado por diez años. Desde el exterior nos miran con natural espanto. ¿Quién se animará ahora a invertir aquí con semejante atropello a la seguridad jurídica?
Pero, por el lado del Gobierno nacional se insiste en un escenario insólito: Rescindido el contrato del fútbol, tomó para sí la transmisión mediante su Canal 7, medio donde sólo se escucha una campana, la del gobierno. Pero anunció que distribuiría entre otros canales esta transmisión y que -al igual que los medios privados-, vendería los espacios de los partidos para financiar el enorme gasto. Esto duró una sola semana, porque, cuando se dio cuenta que podía con su canal difundir sólo publicidad del gobierno, y se quedó con toda la torta del fútbol. Resultado: a la millonaria inversión anual que paga a la AFA, se agrega el enorme costo operativo de la transmisión de todos los partidos, ya que no se ha contratado absolutamente ninguna publicidad, sólo se emite la institucional del gobierno.
Es atractivo el argumento de que el fútbol debe ser gratis para todos, pero no es legítimo. Legítimo sería el de que la cultura, la educación y la salud fueran para todos. Con el agravante de que a la inversión operativa que se hace en transmisión, hay que agregar los 600 millones de pesos que están destinados a "pagar a los millonarios del fútbol", como bien lo definió un periodista refiriéndose a los salarios de los jugadores más caros, que son los que generan el déficit de las instituciones deportivas.
El escenario actual es el de un gobierno que cuestiona los monopolios, pero se erige en el principal monopolista del fútbol, a tremendos costos; ataca e impide legalmente los supuestos monopolios televisivos y radiales, impidiendo a los medios privados llegar a todo el país; pero se reserva el manejo del único canal y la única radio que sí pueden emitir en todo el país, con enorme desigualdad con relación a los demás medios que antes no cuestionaba.
Ante estos contundentes datos, la realidad política emerge como la punta de un iceberg: a la verdad oculta se le comienza a ver la pata a la sota. El panorama ofrece antecedentes como para temer por algún golpe al periodismo escrito libre. Habrá que estar atentos, y no dejarse seducir por frases efectistas que, como árboles atractivos, nos tapen el bosque, o que, como moneda de hipocresía, nos trampeen la verdad.