Cuando éstos prefieren gobernar a oscuras, suelen justificar leyes para regular a la prensa crítica e independiente, con el propósito de disciplinarla y amordazarla. Esta tendencia está en alza en América latina, sobre todo en aquellos países donde existen mayores reclamos populares para acabar con la corrupción. Brasil es el último eslabón de esa cadena. Mientras en las ciudades más importantes del país decenas de miles de jóvenes protestaban contra las irregularidades en la administración pública, el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) ordenó crear un marco regulador para "’democratizar” a los medios, y así acabar con el periodismo partidario, sensacionalista, difamador, y con la concentración de medios en pocas manos.

No es casual que esta campaña reguladora ocurra en el contexto de graves denuncias de corrupción y después de que la presidenta Dilma Rousseff, apoyada por los medios, estremeciera las estructuras del poder, limpiando tres ministerios socavados por las irregularidades. Puede ser que algunos medios y periodistas cometen abusos, pero el orden jurídico brasileño ya tiene normas para procesar sus delitos por lo que crear leyes especiales contra los medios resulta redundante, huele a represalias o a limitaciones a la libertad de prensa. Así lo concibió el Superior Tribunal de Justicia, cuando en 2009 eliminó por inconstitucional la Ley de Prensa de 1967, porque discriminaba a los medios y sobreprotegía a las autoridades.

Como en Brasil, la excusa de "mantener el orden público” o censurar las denuncias de la prensa, motivaron también al presidente venezolano Hugo Chávez a crear en 2004 la Ley de Responsabilidad Social. Esta norma, que licencia al gobierno a suspender a los medios sin orden judicial cuando considera que se atenta contra la seguridad o el orden público, sirvió para cerrar periódicos, a la televisora RCTV, maniatar a Globovisión y, hace semanas, para suspender la publicación del semanario Sexto Poder, y procesar a dos de sus ejecutivos.

Tapar la corrupción también es prioridad del gobierno ecuatoriano de Rafael Correa. Después de las denuncias sobre los contratos fraudulentos entre el gobierno y su hermano Fabricio, Correa reflotó el proyecto de Ley de Comunicación que ahora impulsa el oficialismo en el Congreso. La nueva norma no sólo busca "democratizar” a los medios a través de un nuevo orden con preeminencia de medios estatales, sino, en forma insólita, reglamenta a la prensa escrita. La intención es clara: censurar y controlar. En Argentina sucedió algo similar con la aprobación de la Ley de Servicios Audiovisuales. La excusa del gobierno fue acabar con normas de la época de la dictadura y con la concentración de medios, pero esa legislación tuvo visos de represalia, luego de graves denuncias periodísticas.

En todos los casos, como ahora el de Brasil, es preocupante que las leyes de prensa surjan del sector oficialista, dando prioridad a los medios estatales disfrazados de públicos, poco eficientes a la hora de denunciar la corrupción de sus jefes y muy eficaces para amordazar a la oposición. De ahí lo importante del cuidado que han tenido los peruanos, al comprometer en campaña al presidente Ollanta Humala, para que desista de cualquier intento por regular a la prensa en su mandato.

En este contexto, si Dilma Rousseff permite que se imponga la postura del PT sobre la prensa, desperdiciará la gran oportunidad de continuar su cruzada anticorrupción. La prensa libre y desregulada es su mejor aliada para seguir limpiando y mejorar la democracia.