El 8 de marzo se instituyó ‘el Día de la Mujer” en reconocimiento a la lucha de un grupo de trabajadoras textiles de la ciudad de Nueva York por sus derechos laborales. Es el día que reivindicamos la lucha de las mujeres por la igualdad.
En la Asamblea de Naciones Unidas, con la presencia de las máximas autoridades de los países, en septiembre de 2015 se aprobó la Agenda de Desarrollo para los próximos 15 años e incluyo un objetivo específico: la igualdad de género. Esto significa que todos los países deberán trabajar para alcanzar la igualdad en 2030. Michelle Bachelet decía, cuando era directora ejecutiva de ONU Mujeres, que al ritmo en que los países avanzan en la igualdad de género, necesitaríamos 200 años para lograr la igualdad.

La meta asumida en Naciones Unidas compromete a gobiernos y sociedades. Por eso es pertinente que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, recordado ayer, reflexionemos sobre los avances en Argentina y avancemos en acciones positivas a favor de la igualdad y como prioridad, eliminar la violencia contra mujeres y niñas. Es un desafío urgente.

Muchos levantan la bandera de la igualdad de género como un derecho, la realidad muestra otra cosa. En un estudio que realizó la consultora Ipsos, se determinó que dos de cada tres argentinos considera que en la actualidad hay desigualdad. El informe se realizó en 23 países, donde se expuso cómo aún existe una tensión entre la creencia y la realidad. Fueron dos frases que se pusieron a consideración para el estudio: ‘Creo en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres” (88% de acuerdo), y ‘creo que en la actualidad existe una desigualdad entre mujeres y hombres” (91% de acuerdo).
El ámbito judicial es otro donde las mujeres reclaman más espacio. ‘Más mujeres más justicia” es la campaña de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), para exponer las diferencias existentes, tales como que solo el 24% de los cargos jerárquicos en el país están ocupados por mujeres; mientras que hay siete Superiores Tribunales y Cortes, y otras siete Cámaras, que tienen sólo miembros varones. Tras la muerte de Carmen Argibay, el foco se puso en el máximo tribunal. Considerando la actual composición de la Corte Suprema de Justicia ocasionada por el fallecimiento de la Dra.Carmen Argibay Molina y el Dr. Enrique Petracchi, la renuncia del Dr. Eugenio Zaffaroni, y el retiro del Dr. Carlos Fayt, la Corte quedó reducida a tres miembros, siendo la Dra Elena Higthon de Nolasco la única mujer, corresponde que las vacantes producidas sean completadas por al menos una mujer a fin de cumplir con los estándares mínimos que establece el Decreto 222/03, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que conforman nuestro bloque constitucional.
El decreto 222/03, aún vigente, dispone en el artículo 3 que ‘al momento de la consideración de cada propuesta, se tenga presente, en la medida de lo posible, la composición general de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal”.
Hoy en el Senado de la Nación se debaten los pliegos de los postulantes propuestos por el presidente Macri por decreto. No quiero cuestionar en este momento el mecanismo inconstitucional para tales designaciones. Son muchas y variadas las organizaciones y particulares que impugnaron los pliegos, algunos por sus antecedentes, otras por el mecanismo utilizado calificado inconstitucional y otras exigieron que se impugnen las candidaturas de los nuevos jueces propuestos, y que esos cargos sean ocupados por mujeres.
Son muchas las normas suscriptas por el Estado argentino que establecen pautas vinculadas a la participación de las mujeres en las esferas de decisión, entre ellas, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) exhorta a los Estados Partes ‘a tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y en particular, garantizando en igualdad de condiciones con los varones el derecho a: ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales” (artículo 7).
Seguir ignorando a las mujeres para ocupar cargos públicos, como ocurre hoy en la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la nación y en la mayoría de las Cortes Provinciales, es un acto de violencia que atenta contra el género femenino y contra toda la sociedad, como ocurre hoy en la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la nación y en la mayoría de las Cortes Provinciales, es un acto de violencia que atenta contra el género femenino y contra toda la sociedad.