En 1991, luego de la aprobación de la Ley 24.012 de cupo femenino, la participación de mujeres creció considerablemente. Aquella ley estableció un piso de 30 % de mujeres en las listas legislativas. Sin embargo, la aplicación del cupo femenino en el Senado se retrasó hasta 2001, año en que la elección comenzó a ser directa.

Hoy, en la Cámara de Diputados, luego de la elección legislativa de 2017, hay 98 legisladoras de un total de 257. Es decir, un 38 %, mientras que son 30 las senadoras nacionales sobre un total de 72, es decir, un 41 por ciento. Más de 25 años para llegar al piso que establece la ley es mucho para un poder en que la mujer está más representada que en los otros dos restantes, los sindicatos y los partidos políticos.

En el Poder Ejecutivo Nacional, los datos aportados por CIPPEC y ASAT (2016) sobre las autoridades del Sector Público Nacional (SPN) indican que solo un 22 % de los cargos de funcionarios se encontraban ocupados por mujeres.

Según datos oficiales del Ministerio del Interior, sólo el 16,7 % de las gobernaciones provinciales son dirigidas por una mujer y sólo el 9,5 % de las intendencias están gobernadas por ellas.

En el caso del poder judicial, que cuenta entre su personal con una mayoría de mujeres, la situación no es más promisoria. En las Cámaras Nacionales y Federales, el cargo de camarista se encuentra ocupado, predominantemente, por varones. Como puede observarse en un Informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para 2015 era ostensible la disminución de la participación de las mujeres a medida que escalamos en la jerarquía. En los cargos de jueces la representación femenina disminuye hasta llegar a un 37,5 %, y en el cargo de camarista sólo alcanza el 25 por ciento.

En el ámbito sindical la Ley 25.674 del 2002 (reglamentada por el Decreto Nº 514/03) que busca garantizar un piso de representación femenina del 30 % en cargos electivos y comisiones negociadoras, establece que "se deberá contar con la participación proporcional de mujeres delegadas en función de la cantidad de trabajadores de dicha rama o actividad. En ese momento las mujeres afiliadas a sindicatos representaban el 31 % del total, pero en la conducción sólo alcanzaban el 5 por ciento.

En los partidos políticos, que en su conjunto registran más de 8 millones de afiliados, más de la la mitad son mujeres, pero las máximas jerarquías de los mismos están en manos de hombres.

Según datos del Proyecto ATENEA de ONU Mujeres y el PNUD, sólo el 28,2 % de las instancias máximas de autoridad ejecutiva de los partidos políticos están ocupadas por mujeres; sólo 12,5 por ciento de los partidos incorporan en su carta orgánica principios de igualdad de género, y solo la mitad los incluyeron en sus plataformas electorales.

En 2017, la ley 27412, promulgada a través del decreto 1035/2017 estableció el principio de paridad de género en las listas de candidatos a legisladores nacionales y por el cual en 2019 la representación femenina subirá del 33 al 50 por ciento.

En este marco general de desigual distribución del poder entre varones y mujeres en la Argentina, un reciente estudio determinó que en este aspecto no hay incidencias de las reglas sino de la violencia.

En las conclusiones tenemos que: "La violencia psicológica es una de las manifestaciones más comunes de la violencia machista en el ámbito político. Pero al igual que la económica y la simbólica, está naturalizada y, por lo tanto, es la más difícil de denunciar por las mujeres. Este tipo de violencia implica deslegitimar a la mujer como actor político, socavando su confianza y pleno desarrollo personal mediante comportamientos hostiles y abusos, a fin de causar miedo o daño emocional.''

Nuestro país ha avanzado, sin duda respecto de su pasado, pero vemos que todavía hay un largo camino por recorrer, tanto en la aplicación de la legislación vigente como en el consenso de más herramientas y políticas de igualación de género.

Por Alejandro Garvie
Licenciado en Ciencias Políticas Universidad de Buenos Aires
(Nuevos Papeles portal de noticias de política y economía)