El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, ratificó ayer que el Gobierno nacional no va a interferir en las próximas negociaciones paritarias, ya que a su criterio se trata de una discusión reservada exclusivamente a los dos sectores que deben fijar las condiciones contractuales: el empleado y el empleador.
Si bien el funcionario nacional está en lo cierto, si se tiene en cuenta que se trata de una negociación de partes, ya sea en el ámbito privado o estatal donde rigen las convenciones colectivas de trabajo, el contexto en el que se van a desarrollar los nuevos pedidos de aumento salariales y la vigencia de los convenios son ajustes relacionados directamente con el poder adquisitivo del asalariado en relación de dependencia. Es decir, la escalada inflacionaria y las medidas que se adopten para controlar el desfasaje entre precios e ingresos va más allá de la prescindencia oficial señalada por Capitanich.
Tal previsibilidad, ante el desborde de los precios, hace que hasta la propia CGT oficial, conducida por el metalúrgico Antonio Caló, ha manifestado la intención de presentar en las paritarias una cláusula que permita ajustar trimestralmente los futuros aumentos salariales en base al ritmo de los incrementos de los precios, mientras otros dirigentes de la misma central obrera afín al oficialismo pretenden que el Poder Ejecutivo nacional fije por decreto un suplemento salarial de entre 1.000 y 1.500 pesos como piso previo para comenzar a negociar las paritarias.
En esta instancia, la discusión central es la distribución del ingreso, por eso se necesita sincerar la economía dentro de los rumbos políticos -cambiario, monetario y fiscal-, de manera de coordinar los reclamos de cada sector, desde los formadores de precios hasta el último consumidor de la cadena y, fundamentalmente, conocer cómo se va a frenar el excesivo gasto público y el futuro inmediato de las tarifas de servicios básicos.
Se trata de implementar un acuerdo integral a partir de una lógica que involucre metas sectoriales creíbles para ir bajando la inflación a niveles sustentables con el crecimiento que reclama la Argentina y de esta forma lograr que expectativas, como las que planteará la puja sindical, eviten resguardos de salvaje por las dudas que las alzas de precios licúen el aumento que perciba el trabajador, antes que lo cobre.