Los lamentables sucesos de Tucumán confirman una realidad político-electoral cruda y desoladora, que muchas veces se ha querido ocultar o maquillar: clientelismo, falta de transparencia, compra de votos, intentos de fraude, falseamiento de datos. En síntesis, un sistema electoral absolutamente obsoleto que facilita las maniobras de corrupción, provincial en este caso aunque comparta su decrepitud y falencias con el modelo electoral nacional.
En el fondo, subyace el propósito de torcer o manipular la voluntad popular para acceder al poder o conservarlo, según corresponda. En cualquier caso, se trata de graves prácticas que hieren a la república y al Estado Constitucional de Derecho y contaminan a la democracia. Lo cierto es que ciertos grupos se benefician a cualquier precio y a costa de una importante masa de damnificados: los electores bienintencionados.
Por supuesto, lo acontecido en Tucumán no es el primer caso ni el único sitio donde se han producido y producen estas maniobras repugnantes. Sin embargo, como quizá nunca antes, los recientes episodios en esas tierras (paradójicamente, cuna de Juan Bautista Alberdi, uno de los padres de nuestra Constitución Nacional) han puesto en evidencia hechos que avergüenzan: quema de urnas, compra de voluntades, fiscales que intentan cambiar votos, maniobras anómalas de presidentes de mesa para distorsionar resultados, mesas en las que hubo más votos que votantes, represión policial desmedida ante una manifestación popular a favor de la "limpieza” de los comicios, y una extensa cadena de despropósitos.
Tal vez no importe tanto desde el punto de vista cuantitativo el resultado de esta elección en particular, sino que más bien su relevancia sea cualitativa al haber puesto en blanco sobre negro un lacerante paisaje que, con matices e intensidades diversas, se reproduce en distintos lugares del país. Aunque en rigor no pareciera existir demasiado interés por investigar a fondo y condenar a los responsables de las variadas artimañas que mancillan a los procesos electorales.
Las desventuras tucumanas tienen que servir de lección y operar como punto de inflexión. Las autoridades públicas competentes, los partidos políticos, los medios de comunicación, las universidades, las ONG y demás operadores del sistema sociopolítico, deben asumir la responsabilidad que les corresponde para emprender una profunda renovación del modelo político y del sistema electoral (¿hacia la boleta electrónica única, por ejemplo?) y generar sólidas bases para un correcto funcionamiento de las elecciones como manifestación directa y nítida de una sana democracia.
Es que el mensaje que se transmite a los jóvenes y a la sociedad en general no puede continuar siendo que "todo vale”. Tampoco el lema soterrado puede ser "arrasemos con todo a cualquier precio”. Menos, que el fin (acumular poder ¿también riqueza?) justifique los medios. Asistimos a una época de debilidad institucional, alimentada por una fuerte crisis de valores y un verdadero "apagón moral” (título de un libro relativamente reciente de un sociólogo y psicólogo argentino). Es que el único objetivo pareciera ser: tener más poder y por más tiempo, "a como dé lugar”.
Nuestras palabras críticas no están dirigidas a algún frente o partido político en particular. Apuntan al sistema reinante, que muestra fallas estructurales en varios de sus componentes: éticos, jurídicos, políticos, culturales, sociológicos. Tal vez habrá quien piense que estas líneas son teóricas, ingenuas y hasta utópicas. Puede ser, pero al menos son francas y han sido escritas de buena fe. ¿No será hora de dialogar y debatir sobre ideas, propuestas y argumentos (sin agresiones, agravios, gritos ni descalificaciones personales) sobre el modelo político, la calidad institucional, el presente y la prospectiva de nuestra democracia, la crisis de representación, el genuino rol de los partidos políticos, entre otros importantes tópicos?
Por supuesto, para que la situación cambie no basta sólo con crear comisiones, pronunciar discursos tan grandilocuentes como vacíos, dictar nuevas leyes o modificar la Constitución. Es indispensable un fortalecimiento de nuestra cultura cívica, una educación en valores y, como siempre, una verdadera voluntad política impregnada de cabal intención de cambio. De lo contrario, será más de lo mismo: otra muestra de "gatopardismo”, o sea, cambiar todo para que todo continúe igual.
(*) Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Profesor y director Instituto Derecho Constitucional UCCuyo. Profesor de posgrado UBA.