Desde que la Corte Suprema de Justicia declarara, hace ya más de un lustro, la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley 24.557, de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), se registra una catarata de juicios.
Este aumento de la litigiosidad contra las empresas ha dado lugar a un negocio incalculable para los letrados laboralistas en detrimento del sector asegurador, con el agravante de las intenciones de estatizar el sistema. La propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo el mes pasado que "si no hay posibilidades de acordar con las empresas que se dedican a asegurar, vamos también a tomar intervención desde el Estado para que, en acuerdo entre trabajadores y empresarios, podamos hacer mutuas asociaciones que permitan contemplar los intereses de los empresarios y los intereses de los trabajadores", según afirmó en la celebración del Día de la Industria.
Como se observa, el panorama de las ART tiende a agravarse frente a las imprecisiones legales que deteriora la calidad de las prestaciones. Por otro lado se producen exacciones indemnizatorias en una verdadera industria del juicio, presentándose demandas tipo -elaboradas en la Capital- y demandado por el igual a ART y a la empresa asegurada, obteniendo dobles indemnizaciones confiscatorias en los tribunales locales. Esto impulsa el empleo no declarado.
Las ART son más un negocio judicial que un beneficio para los trabajadores, ya que el tope indemnizatorio da lugar a demandas donde únicamente lucran los que aseguran y los abogados a costa del empresario y del trabajador.